Con seis meses a dos años de prisión: Yussara Canales
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Debido a que es algo latente del que poco se hace para evitarlo, la diputada local de Morena, Yussara Canales, presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal la violencia obstétrica; se sancionaría esta práctica de seis meses a dos años de prisión.
A decir de la legisladora morenista es urgente actuar en la materia ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en 2016, se estima que el 33.4 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz sufrieron algún tipo de maltrato de parte del personal médico que las atendió.
Otros datos, añadió, dan cuenta de que México rebasa el nivel de cesáreas aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que de las 3.7 millones de mujeres a las cuales se les aplicó este procedimiento quirúrgico, también en 2016, al 10.3 por ciento no se le informó de la razón y al 9.7 no se le pidió siquiera autorización para llevarla a cabo. La tasa ideal de estos procedimientos es del 10 y 15 por ciento, y en el país alcanza el 46.1 por ciento de los partos.
“La violencia obstétrica es el maltrato que sufre una mujer embarazada en labor de parto. Se trata de mujeres juzgadas, atemorizadas, humilladas o lastimadas física y psicológicamente, y se presenta en lugares en los cuales se prestan los servicios médicos. Esta violencia se puede reflejar en actos como la esterilización, aborto forzado, la práctica excesiva de cesáreas. Agresiones verbales y físicas, la negativa de suministrar analgésicos y el abandono de mujeres durante el trabajo de parto también lo son”.
Dijo que se han presentado casos en donde incluso se han retenido a recién nacidos en los hospitales ante la incapacidad de las mujeres de hacer frente al pago médico, así como otros casos en donde por ejemplo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) tuvo que intervenir.
Respecto a esto último, detalló que el organismo emitió una recomendación a principios de año en contra del director del OPD Servicios de Salud Jalisco, por el caso de una mujer que sufrió violencia de personal de Tototlán, Ocotlán y La Barca, que derivó en la muerte de un bebé.
A esto se viene a sumar las más de 3 mil quejas que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha contabilizado desde el 2002 al 2017, denunciando los servicios de ginecobstetricia, sin contar la cifra negra ya que hoy en día, lamentó, este tipo de violencia no es muy denunciada ante la normalización que se ha hecho de la misma.
“Los diputados que integramos esta bancada tenemos un compromiso con las mujeres de Jalisco. Creemos que los servicios de salud materna que se brindan en el estado deben de ser vistos desde una perspectiva de respeto hacia los derechos humanos, que garanticen el acceso a la atención profesional durante el parto, en un ambiente de calidez, amabilidad, amor y confianza”.