Y por omisiones en el feminicidio de Luz Raquel
La denuncia consiste en exigir a las autoridades una investigación real sobre el caso para que se haga justicia y el feminicidio no quede impune. Para esto, establecen como delitos probables el de feminicidio, por negligencia de servidores públicos; ejercicio ilícito del servicio público, entre otros
Por Arturo Rodríguez García
Diana González, presidente del PAN en Jalisco, señaló que la denuncia busca, además de sentar un precedente para dimensionar el tamaño del problema, que no se siga con la inercia institucional, por lo que consideró que, además de las medidas judiciales, se revisen los protocolos de protección/Foto: https://twitter.com/AccionNacional
Julio 26, Ciudad de México (apro).– El PAN activó en Jalisco una denuncia contra el gobernador Enrique Alfaro y otras autoridades de esa entidad, y tiene como punto de partida, señalar las omisiones en las medidas de protección que en esa entidad debieron brindarse a Luz Raquel Padilla, la mujer que fue quemada en la vía pública.
Esta mañana (martes), las integrantes del comité nacional panista, legisladoras y la dirigente estatal, Diana González Martín, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra servidores públicos que resulten responsables por las omisiones graves en la implementación de los mecanismos de protección de mujeres que derivaron en el feminicidio de Luz Raquel, madre y activista jalisciense, perpetrado hace una semana en Zapopan.
“Enrique Alfaro no puede lavarse las manos”, sentenció la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel Torres.
La denuncia de las panistas consiste en exigir a las autoridades una investigación real sobre el caso para que se haga justicia y el feminicidio no quede impune. Para esto, establecen como delitos probables el de feminicidio, por negligencia de servidores públicos; ejercicio ilícito del servicio público; abuso de autoridad; coalición de servidores públicos e intimidación.
Diana González, presidente del PAN en Jalisco, señaló que la denuncia busca, además de sentar un precedente para dimensionar el tamaño del problema, que no se siga con la inercia institucional, por lo que consideró que, además de las medidas judiciales, se revisen los protocolos y las políticas públicas para la protección de las mujeres.