“Avalar la reforma eléctrica habría traído pérdidas para el país”, dicen
“Para garantizar el suministro eléctrico suficiente y a precios accesibles para la población es esencial contar con un sector energético limpio, innovador, competitivo y moderno”, algo que según la Canaco no era viable con la reforma
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Luego del freno que la oposición metió a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el domingo pasado en el Congreso de la Unión, la Cámara de Comercio de Guadalajara reconoció la labor de los diputados federales que hicieron esto posible.
A decir de la cámara, tal cual lo manifestaron hace unos días también para pedir que no se aprobara, de haber sido avalada la reforma se hubieran generado consecuencias graves a la economía, al medio ambiente y al estado de derecho.
Por mencionar un ejemplo de estas consecuencias, enunciaron, el monto de las indemnizaciones a pagar por el gobierno de México habrían sido de 70 mil millones de pesos, por compras de activos y compensaciones a los inversionistas actuales por la rentabilidad perdida de negocios en marcha.
“Reiteramos que para garantizar el suministro eléctrico suficiente y a precios accesibles para la población es esencial contar con un sector energético limpio, innovador, competitivo y moderno. (Uno) con instituciones públicas fortalecidas, adaptado tecnológica y científicamente a la situación actual que vivimos como planeta y que ofrezca las condiciones adecuadas para que el sector público como la iniciativa privada trabajen de la mano para el desarrollo de nuestro país”.
Aseguraron que todo esto se puede conseguir en un entorno en el que exista la libre competencia, y sobre todo en donde se cumplan los tratados internacionales y se respeten las inversiones.
Además, expresaron que es fundamental que cualquier reforma constitucional, iniciativa o modificación en leyes del país cuente con una visión de futuro que incluya los posicionamientos de los diversos sectores de la sociedad para que sea válida. Todo esto logrado a través de acuerdos, negociaciones y puntos de coincidencia, dentro de un marco democrático y de certidumbre jurídica.
“Exhortamos a las y los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a considerar estos elementos y, que partir de ellos, se revaloricen en términos generales los ejercicios de parlamento abierto, útiles para poder impulsar los cambios que necesitamos de una manera informada, sólida y consensuada”.