Vecinos truenan contra multas por tener alberca en la cochera
Por Rafael Hernández Guízar
Habitantes de diversos lugares del municipio de Tlajomulco de Zúñiga renegaron contra las multas por tener albercas en la cochera.
Condenaron el hecho, pues dicen que en el ayuntamiento no son parejos ya que no hay sanciones a los fraccionamientos donde se cuenta con una piscina formalmente construida, lo que incluso constituye actos de discriminación por parte del ayuntamiento.
“Nomas contra el que no tiene, siempre es así, a ver, por qué no se van contra los fraccionamientos nuevos es que están construyendo que tienen alberca, contra esos nadie dice nada; nada más en contra de la gente que apenas logra tener un ratito de distracción para los hijos poniéndoles una alberquita, es un acto de discriminación y no podemos soportar que sigan sucediendo este tipo de cosas, como dice el dicho o todos coludos o todos rabones”, dijo un ciudadano vecino de una de las personas que ya fue multada en días pasados.
“Simplemente no es justo porque obviamente que vamos a poner una pequeña alberca en la cochera, pues dónde más la ponemos si las casas son chiquititas, y entiendo que hay que cuidar el agua pero también entiendo que la gente nos tenemos que distraer en algo y ponerle una alberca a los niños es lo único que podemos hacer si no tenemos ni siquiera para ir a un balneario”, agregó el molesto ciudadano.
Y es que las multas que el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga impone a los ciudadanos pueden ir desde los 4 mil 800 pesos, hasta los 57 mil, esto dependiendo del criterio con que el juez calificador en el juzgado municipal otorgue la función económica.
Por el momento, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga ha señalado a los medios de comunicación a través de comunicados oficiales que el operativo seguirá involucrando áreas como la misma policía municipal, además obviamente del área de inspección y reglamentos y la fiscalía ambiental del municipio.
Permanece sobre la mesa la acusación por parte de la ciudadanía en torno a posibles actos de discriminación cometidos por el ayuntamiento, los cuales –a decir de especialistas en materia jurídica– podrían ser suficientes para echar abajo las sanciones que sean impuestas por la administración pública.