Congreso intervino en controversia… sin aprobación del pleno: Hagamos

Metieron mano en conflicto con la UdeG

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al parecer de una forma irregular, porque fue una de­cisión que no se aprobó en el pleno, la fracción parlamenta­ria de Hagamos denunció que el Congreso de Jalisco inter­vino en las controversias que implementaron la Universi­dad de Guadalajara (UdeG) y la Comisión Estatal de Dere­chos Humanos (CEDH), por el recorte de 140 millones de pesos que el estado hizo a la máxima casa de estudio.

Los diputados Mara Ro­bles y Enrique Velázquez aseveraron que el Congreso se habría sumado a contro­vertir el asunto ante la Su­prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo cual exigirán una investigación del asunto, pues de acredi­tarse esto, se hablaría de una acción ilegal.

“Tenemos noticias en el sentido de que este congre­so podría haberse sumado a controvertir este asunto y eso sería gravísimo porque el congreso jamás aprobó esa decisión, se habría cometido una violación gravísima al pleno, es decir, jamás el con­greso del estado votó cambiar esa partida, y vamos a presen­tar en la próxima sesión una propuesta de punto de acuerdo para que el Congreso se mani­fieste sobre el hecho, porque no se vale tirar la piedra y esconder la mano”, expresó la coordinadora de Hagamos, Mara Robles.

Por su parte, Enrique Ve­lázquez expresó que el Con­greso local no defendió su facultad como el único que puede aprobar el presupuesto de egresos y, por el contrario, para controvertir las contro­versias –por la reasignación de recursos– además del Po­der Ejecutivo estatal y fede­ral, también el Legislativo entró como tercero.

“El jurídico del Poder Le­gislativo entra como tercero, pero sin tener un acuerdo del pleno, sin tener una instruc­ción y, lo que sabemos has­ta ahorita, porque no hemos podido acceder al engrose, es que el Congreso no entra a defender su facultad soberana de ser los únicos que aprue­ban el presupuesto”, aseveró.

Cabe recordar que el esta­do decidió quitarle 140 millo­nes de pesos a la UdeG –que se destinarían a su Museo de Ciencias Ambientales– a fin de reorientarlo hacia el Hos­pital Civil de Oriente planea­do para Tonalá. Por este caso la universidad interpuso una controversia que hace poco fue rechazada por la corte, ya que esta casa de estudios no es un organismo autónomo constitucional.

Sin embargo, existe otra controversia vigente, imple­mentada por la CEDHJ y que por cierto tiene una suspen­sión que impide al gobierno estatal, en tanto el asunto no se resuelva de forma total, gastar los 140 millones que le quitó a la universidad.