El colmo del cinismo:
Después de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares al gobernador del estado, Enrique Alfaro, por la agresión a una periodista de los medios de la Universidad de Guadalajara, y diera cuenta de 24 agresiones contra reporteros registradas en este año, el gobierno estatal acusó a la defensoría de violar sus derechos humanos.
El viernes, Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión, precisó que las medidas cautelares se emitieron porque no funciona el mecanismo estatal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; además, han detectado 24 agresiones contra periodistas en Jalisco durante 2021, que van desde descalificaciones hasta hostigamientos y amenazas.
“Esto habla de una falta de política de estado para garantizar el ejercicio periodístico y el respeto a la dignidad de la y los periodistas”, dijo. Recordó que a pesar de que existen una ley nacional y otra estatal de protección a periodistas, éstas no se aplican y ni siquiera existen mecanismos de denuncia.
Gobierno de Alfaro desmiente agresiones
El gobierno estatal informó que atenderá las medidas de la recomendación emitida por la CEDHJ “con la debida diligencia, y se hará seguimiento puntual a lo planteado en dicho documento”.
Sin embargo, se dijo que para emitir las medidas cautelares, la CEDHJ se sustentó en 24 supuestas agresiones contra periodistas en Jalisco, las cuales no fueron notificadas al gobierno estatal, lo cual –dice el comunicado– “constituye una violación flagrante al derecho humano al debido proceso, en lo relativo a la garantía de audiencia y defensa”.
El gobierno estatal incluso minimizó el documento de Derechos Humanos Jalisco, al señalar que las “supuestas agresiones a periodistas” se hicieron del conocimiento de la Comisión a través de notas periodísticas, “no a través de quejas formales presentadas por personas que ejercen el oficio periodístico”.
Sobre esto, el gobierno de Alfaro mostró su preocupación, pues a raíz de este monitoreo de medios, la CEDHJ Comisión afirma que “se denota un patrón de hostilidades dirigido a minar la legitimidad y condición psicoemocional de quienes ejercen el periodismo”, esto sin conocer de manera directa los probables casos de agresión contra periodistas y sin haberlos documentado o siquiera investigado. Por ello, consideran que la Comisión “prejuzga sobre un contexto específico y atribuye responsabilidades sin el menor sustento legal, lo cual, paradójicamente, constituye una violación a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.
Para cerrar la nota de prensa, el gobierno estatal dijo estar del lado de la garantía de la libre expresión, “del ejercicio del periodismo y el derecho a la información, respetando el trabajo de todas y todos aquellos que practican esta profesión”, aunque lo ocurrido en la semana con medios dice lo contrario. (Con información de agencias)