Para dar certidumbre a sus deudos
Mariana Fernández presentó un punto de acuerdo para conocer cuántos uniformados han fallecido en la línea del deber, y si sus seres queridos han recibido lo que el Estado está obligado por ley a otorgar
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Al mes de julio pasado, al menos en datos periodísticos porque las estadísticas de Jalisco no lo delimitan, se han contabilizado cinco asesinatos de policías en Jalisco/Foto: Especial
Con la finalidad de saber con qué tanto apoya el estado a policías de Jalisco, la diputada local Mariana Fernández Ramírez presentó un punto de acuerdo legislativo, con el cual se pide información al estado respecto a cuántos cuerpos de seguridad pública en la entidad han sido asesinados y cuántos procesos de indemnización han entregado en la materia.
De manera concreta, el documento le solicita a la Secretaría de Gobierno y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco que den una cifra exacta de cuántos uniformados han caído en el cumplimiento de su deber; cuántos procesos de indemnización se encuentran en trámite; y cuántos han concluido, estos últimos, en favor de los familiares de los policías.
Aunado a esto, también pide que en caso de no contar con recursos asignados en apoyo a los deudos de los compañeros caídos, las autoridades estatales valoren y consideren la recomendación general 1/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), a fin de crear un instrumento jurídico y presupuestario idóneo que otorgue a los familiares algún apoyo.
La legisladora recordó que al mes de julio pasado, al menos en datos periodísticos porque las estadísticas de Jalisco no lo delimitan, se han contabilizado cinco asesinatos de policías.
“El tema a destacar no es el número (de policías caídos) sino la posible indolencia del estado, ante el debido registro y seguimiento a los procesos de indemnización a las familias de los deudos”, explicó la legisladora/Foto: Archivo Página 24
“Empero de lo anterior y que el número de compañeros caídos supera por mucho el índice mencionado, el tema a destacar no es el número sino la posible indolencia del estado, ante el debido registro y seguimiento a los procesos de indemnización o asignación de apoyos a las familias de los deudos”.
Si bien reconoció que no existe una disposición normativa como tal que establezca la obligación de los entes públicos de crear una bolsa para esto, sí se ha detectado que el gobierno estatal y algunos municipios disponen de prestaciones adicionales tendientes a compensar económicamente a los deudos de los compañeros, por lo cual se hace necesario conocer un panorama más certero a fin de poder actuar en consecuencia.
“Día a día los servidores públicos adscritos a las áreas operativas de seguridad pública ofrecen su vida por su vocación, por un empleo que, bien remunerado o no, finalmente arriesga más que los beneficios obtenidos”, añadió.
