Hacen esperar a los ciudadanos; encima, discriminan a los hombres
Encima, los policías de la entrada del lugar hacen que toda la gente se quede afuera del edificio hasta por dos horas para obtener alguna respuesta a sus problemas; no hay sana distancia ni medidas antiCOVID básicas
Por Rafael Hernández Guízar
Pésimo servicio da el Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado (FGE), es discriminativo con los hombres por el simple hecho de ser hombres.
Sin permitir la entrada a los hombres –a menos que sea estrictamente necesario–, este centro de “justicia para la mujer”, los policías de la entrada hacen que toda la gente se quede afuera del edificio hasta por dos horas para obtener alguna respuesta a sus problemas.
Ayer acudimos al Centro de Justicia para la Mujer y fuimos testigos de cómo a una persona que pretendía entregar un oficio de un juzgado para un caso de la custodia de una menor tuvo que esperar una hora para que saliera alguien de la agencia a la que iba dirigido.
No se respeta la sana distancia en este lugar y tampoco hay filtros sanitarios eficientes, pues sólo se toma la temperatura a las personas que pretenden ingresar.
La atención al público es pésima, nosotros mismos lo constatamos pues el personal que da ingreso al edificio es sumamente grosero.
A los hombres no les permiten el uso de los baños pues sólo se permite el acceso a las mujeres.
Lo anterior es una violación a los derechos fundamentales de los mexicanos; contraviene el artículo primero de la Constitución mexicana que señala tajantemente que nadie puede ser discriminado por motivos de género.
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Pero no sólo esto, incluso el mismo modo de actuar de las autoridades, concretamente de la Fiscalía General del Estado, contraviene el mismo artículo 1, que obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos, una contradicción más con la que se opera en ese lugar.
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Tras platicar con varias de las personas que acuden a este centro, incluso las mismas mujeres, trascendió el desapruebo de la sociedad a la manera en la que trabajan dentro de este edificio de gobierno.
