Intimida a ciudadanos para construir torres departamentales: Jorge Carlos Ruiz
Por Rafael Hernández Guízar
“Cuando el hoy gobernador era alcalde y que desincorporó muchos predios y los vendió, y que ahora vemos que son negocios inmobiliarios de empresas que podríamos decir que son afines a este gobierno”, tronó el contralor ciudadano independiente, quien agregó que “este gobierno ha usado a las instancias y las herramientas que tienen a su disposición” para defender los intereses de desarrolladores por sobre el bien común/Foto: Archivo Página 24
Amagar a los ciudadanos con la pérdida de su libertad, bienes o dinero, es el modus operandi del gobierno estatal para que se desistan de acciones que van contra intereses de empresarios determinados, sentenció ayer el contralor ciudadano.
Ante la denuncia de una presunta red de corrupción desde el gobierno estatal para favorecer a un inversionista en la construcción de una torre de departamentos en el Country Club, de Guadalajara, Jorge Carlos Ruiz Romero, el presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, señaló en entrevista exclusiva con Página 24 que lo hecho por el gobierno estatal para que se inmovilizaran las cuentas de los vecinos inconformes con el edificio obra, la “simulación de huelgas” para no parar la obra y que hasta se les esté integrando una carpeta de investigación, son acciones de presión para que se desistan de sus demandas y así favorecer al empresario, pues indicó que ya hay antecedentes.
“Ya tenemos un antecedente y es muy claro, que se vivió con la denuncia de A Toda Máquina, Chava Rizo, uno de los abogados de la empresa vivió lo mismo, entonces sí podemos decir que es ya el modus operandi de este gobierno, intimidar y presionar a los ciudadanos para que se desistan y trabajen de la manera en que quiere el gobierno del estado de Jalisco, es lamentable lo que está pasando, y más ahora con cuestiones inmobiliarias que están favoreciendo en esta administración de este partido”, dijo.
Pero fue más allá y resaltó que pese a las molestias, los ciudadanos no deben de bajar la guardia, sino por el contrario, ir con todo en contra de estas presiones, denunciándolo incluso, ante instancias federales.
“Yo invito a los abogados y a todos los ciudadanos, a que sigan presentando las denuncias en contra de quienes sean los posibles responsables de cualquier delito, este tipo de acciones jurídicas en contra de los ciudadanos para presionarlos, lo que nosotros creemos es simple, que hay una cuestión de interés muy alto que está utilizando al gobierno del estado en este tipo de cosas y es muy lamentable que se use a la autoridad en contra de los ciudadanos, eso nos da la respuesta de lo que está sucediendo, lo que pasó cuando el hoy gobernador era alcalde y que desincorporó muchos predios y los vendió, y que ahora vemos que son negocios inmobiliarios de empresas que podríamos decir que son afines a este gobierno”.
La presión contra los ciudadanos pues, dijo, es tan evidente que hay muchos antecedentes no sólo en los tribunales, sino ante la opinión pública, en medios de comunicación y redes sociales.
“Nosotros podemos señalar que este gobierno ha usado a las instancias y las herramientas que tienen a su disposición, lo he señalado en diversas ocasiones, que en el gobierno del estado de Jalisco vivimos una dictadura gubernamental, los poderes están secuestrados por parte del Ejecutivo y a parte, los reguladores como transparencia y derechos humanos, todo el aparato del gobierno del estado está a disposición del Ejecutivo (…); lo hemos dicho en varias ocasiones, todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, todo es manejado por ejecutivo, y nos podemos ir a un antecedente, todas las acciones que se llevan por ciudadanos, todo lo que ha estado sucediendo con todas las inmobiliarias no es un fraude procesal, son asociaciones ciudadanas somos asociaciones que estamos trabajando para decirle a este gobierno ya basta, que debe de haber un freno y que este tipo de asociaciones civiles son las encargadas, no es que lo hagan para tener beneficio, el fraude procesal no aplica”.
Por ello, la Contraloría Ciudadana Independiente tomará parte en el asunto para que llegue el caso a la Fiscalía General de la República y la contraloría del estado y se buscara deslindar responsabilidades con una investigación que abarcará desde la cabeza, es decir, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, hasta particulares que han sido señalados por los vecinos.
El pasado viernes, vecinos del Country Club, en Guadalajara, denunciaron públicamente que tras haber interpuesto demandas para frenar la construcción de una torre de departamentos que se edifica sobre la calle Mar Tirreno 62 –que por cierto viola los planes parciales del ayuntamiento–, han sido amedrentados, se les inmovilizaron sus cuentas, las de sus empresas, familiares y amigos, les incautaron bienes y hasta les abrieron una carpeta de investigación por presunto fraude procesal.
