Señalan al accionista de torre en el Country Rafael Orendain Parra, íntimo amigo del gobernador
Congelan cuentas a vecinos, usan a jueces, a la Secretaría del Trabajo y a la Fiscalía del Estado para inventarles delitos
Por Rafael Hernández Guízar
Vecinos de la colonia Country Club, de Guadalajara, que se han visto afectados por la construcción ilegal de una torre de departamentos en la calle Mar Tirreno 62, denunciaron públicamente una red de corrupción desde el gobierno estatal a cargo de Enrique Alfaro Ramírez/Foto: Rafael Hernández
Con amenazas y abusos de autoridad, una presunta red de corrupción opera desde el gobierno de Enrique Alfaro para amedrentar a ciudadanos que defienden sus propiedades, los beneficiados son empresarios inmobiliarios.
Y es que ayer, vecinos de la colonia Country Club, de Guadalajara, que se han visto afectados por la construcción ilegal de una torre de departamentos en la calle Mar Tirreno 62, denunciaron públicamente una red de corrupción en la que se han tejido, desde el gobierno estatal a cargo de Enrique Alfaro Ramírez, medias que van desde congelar las cuentas de quienes se oponen a la torre de departamentos que ha dañado irremediablemente sus casas, hasta la integración de carpetas de investigación en la Fiscalía del Estado por delitos que nunca sucedieron.
“El constructor gestiona acciones legales ante las instancias como Fiscalía y la Junta de Conciliación y de manera sorprendente se las otorgan, el accionista, Rafael Orendain Parra, es íntimo amigo del gobierno, toda vez que fungió como enlace empresarial en la campaña a gobernador de Enrique Alfaro, incluso su hermana María Guadalupe Orenadin Parra está dentro de la nómina, está trabajando en el despacho del gobernador en casa Jalisco, es demasiada cercana la relación.
“Ya se había denunciado en medios de comunicación que el ayuntamiento de Guadalajara no quería acatar las suspensiones de los tribunales, después entendimos que la orden bajaba desde la altura del gobierno del estado a Ismael del Toro para que él bloqueara las suspensiones”, sentenció Alejandro Cárdenas Enríquez, el abogado de los vecinos afectados.
Los vecinos han tratado una y otra vez que se respeten los planes parciales vigentes del ayuntamiento tapatío, pues con esto, la construcción resulta ilegal. Además, han pedido que se reparen los años que han ocasionado en sus fincas, pero tampoco han tenido éxito, la constructora “ha recibido apoyo” –según se acusó- del gobierno estatal.
Así operan
La “red de corrupción” funciona, según los quejosos, de la siguiente manera: A través del despacho del gobernador Enrique Alfaro se giran órdenes para que en el ayuntamiento de Guadalajara no se acaten las suspensiones de los juzgados de distrito o del tribunal Administrativo; en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se apoya con huelgas falsas para que no paren de trabajar en la construcción, ni si quiera porque así lo ordene la justicia federal. En tanto, en la Fiscalía General del Estado, integran carpetas de investigación por presuntos delitos que no tienen fundamento, pese a esto, judicializan las carpetas y un juez penal otorga cualquier medida que se solicite, desde congelar las cuentas de los acusados -es decir los ciudadanos- hasta asegurar sus predios, los dejan en la calle y sin dinero “para que se desistan”.
“No nada más se fueron contra las tres personas que firmaron las denuncias, inmovilizaron las cuentas de los vecinos, amigos y hasta de las esposas de ellos, pese a que ni figuraban en las demandas, inmovilizaron las cuentas de las empresas de las personas y aunque había 12 amparos contra esas determinaciones, el juez acaba de prorrogar esas medidas pro otros 30 días, esto ha sido una manera de amedrentar a los vecinos para que se desistan de las acciones legales”, agregó el abogado Alejandro Cárdenas.
“Cuando logramos que se clausurara, mágicamente apareció una huelga, el sindicato fue a la junta diciendo que no se habían acatado varias disposiciones y decretan una huelga, la junta ordenó la reinstalación emergente de trabajadores, esto se hizo desde la Secretaría del Trabajo, donde es titular Marco Valerio (MC) y ahí viene la misma línea del gobierno del estado. Posteriormente como no les funcionó y nos fuimos al amparo, iniciaron un procedimiento penal donde dijeron que había un fraude procesal, diciendo que cada una de las personas ha presentado demandas distintas cuando los derechos de cada persona es individual, además de que son propiedades distintas, ellos dijeron que eso es fraude procesal y denunciaron a los vecinos y de manera increíble obtienen del juez penal octavo Javier García Muñoz, que había sido señalado de estar con el gobierno del estado, y se ordenó tres cosas: El congelamiento de cuentas bancarias, el aseguramiento de bienes de los vecinos que se quejaron y la restitución del bien inmueble, es decir, que siguieran trabajando en la obra”, explicó Cárdenas.
Según los vecinos, el señalado Rafael Orendain Parra, podría haber recibido todo el apoyo del gobierno estatal debido a la relación “cercana” que sostiene con el emecista Enrique Alfaro Ramírez y otros miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC).
