Sigue reparto de cuotas y cuates en el Legislativo

Antonio Ríos Bojórquez, ligado al PAN, no cumple con el requisito de elegibilidad de experiencia, además su evaluación estuvo por debajo de la media de sus contrincantes

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Fotografía relevante a la nota.

Arturo Antonio Ríos Bojórquez no atiende a las exigencias de integridad y rendición de cuentas para el cargo de contralor del Congreso, sentenció el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción/Foto: Francisco Tapia

Por no ser el mejor evalua­do y no contar con el requisito de elegibilidad de experiencia en auditoría y responsabilida­des, el Comité de Participa­ción Social del Sistema Esta­tal Anticorrupción (CPSSEA) se inconformó por la designa­ción que el Congreso de Ja­lisco hizo de Arturo Antonio Ríos Bojórquez como el nue­vo contralor interno del Poder Legislativo.

Ayer en sesión de pleno, con 34 votos a favor y una abstención, los legisladores eligieron al nuevo titular de la Contraloría interna.

Además de estar relacio­nado con panistas, pues desde el 2012 trabaja como asesor de legisladores del PAN, Ríos Bojórquez no fue el mejor evaluado por el CPS al ha­ber conseguido solo 15 de 24 puntos.

Y en este sentido, el comi­té, a través de un pronuncia­miento, aseveró que diputados eligieron a una persona que no acreditó, con “constancias ofi­ciales”, la experiencia de tres años en materia de auditoría o responsabilidades, violentan­do así la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Manifestamos nuestra inconformidad y desacuerdo con la indebida designación. El perfil designado no acre­ditó una buena evaluación en comparación de otros perfi­les, ni en la valoración desa­rrollada por el Congreso, ni tampoco en la opinión técnica elaborada por el CPS, por el contrario, obtuvo calificacio­nes por abajo de la media de los demás aspirantes”.

Recordaron que la Con­traloría interna debe contar con autonomía técnica y de gestión para investigar y resolver procedimientos de responsabilidad administra­tiva de los funcionarios del Congreso, así como vigilar una correcta gestión de los recursos del Legislativo en procesos de compras y audi­torías, sin embargo, recalca­ron que el ahora designado no atiende a estas exigencias de integridad y rendición de cuentas.

“No podemos permitir que lo que ocurrió sea regla en próximas designaciones, sobre todo tomando en con­sideración procesos anterio­res igualmente cuestionados y evidenciados en su falta de apego a la legalidad. De­ben rendir cuentas explican­do cuáles fueron las razones para elegir a una persona que no cumple con el requisito de elegibilidad. Exigimos que se apeguen a lo dispuesto en la Constitución, las leyes y la convocatoria”.