“El sospechoso contrato apesta a corrupción”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Fotografía relevante a la nota.

El gobierno de Enrique Alfaro “invirtió” $180 millones de pesos al hospital propiedad de la Universidad Autónoma de Guadalajara para tratar pacientes COVID. En el tiempo que funcionó como tal, no se dieron cifras claras; lo mismo ocurre luego de que se dio por terminado el contrato con el nosocomio, denunció la diputada por Morena/Foto: Especial

La diputada local de Mo­rena, Karla Ramírez Ulloa, presentó un punto de acuerdo legislativo a fin de solicitar al titular de la Secretaría de Sa­lud, Fernando Petersen Aran­guren, un informe detallado en torno a la culminación de la relación entre el estado y el Hospital Ángel Leaño.

A decir de la legisladora, es urgente saber los términos y las condiciones con los que se acordó el cierre del área especializada para la aten­ción de jaliscienses contagia­dos por COVID-19, que se adaptó en las instalaciones de mencionado hospital, el cual es propiedad de la Universi­dad Autónoma de Guadalaja­ra (UAG).

“Esta solicitud es una pe­tición de rendición de cuentas y transparencia honesta de un proyecto que si bien tuvo el noble fin de traer salud a las y los jaliscienses, debemos re­conocer que fue muy cuestio­nado por la inversión de más de 100 millones de pesos que se requirió para equipar un hospital privado”, explicó.

Dijo que es necesario sa­ber también a detalle el tra­to que se le dará al equipo médico que se requirió para la atención de enfermos por COVID-19; y si se respeta­ron los derechos laborales del personal médico y adminis­trativo que se contrató para este lugar.

“Queremos una radio­grafía de las operaciones y acuerdos a los que llegaron el gobierno estatal y la universi­dad privada que es dueña del Hospital Ángel Leaño, con el propósito de darle transparen­cia al destino de una inversión que se hizo con dinero del pueblo”.

Recordó que fue el 30 de septiembre del año pasado en que se habilitó la unidad de atención especial, por medio de un comodato cedido por la UAG al gobierno estatal.

Si bien se contemplaron 177 millones de pesos, para garantizar tres meses de ope­ración, entre lo que se con­templó obra civil, gases medi­cinales, servicios e insumos, personal y equipamiento, al corte de enero del año en cur­so se registró un gasto total de 180 millones de pesos, de ahí la urgencia porque se rindan cuentas claras.

“La ciudadanía no sabe hasta el día de hoy cuántas personas fueron atendidas en ese nosocomio realmente, ni cuántas personas perdieron la vida o se recuperaron. En es­tos días tuvimos conocimien­to que el hospital ya no recibi­ría personas contagiadas aun cuando la enfermedad sigue vigente y que no conocemos de manera real cómo fueron invertidos los recursos a este proyecto. La ciudadanía debe estar enterada de la aplicación de los recursos señalados y conocer si en realidad se apo­yó a las personas contagia­das”, añadió.