La CEDHJ emite recomendación
El caso es por la detención ilegal de un ciudadano por policías investigadores; lo torturaron física y psicológicamente para que se declarara culpable de un delito que no cometió
Por Rafael Hernández Guízar
Imagen ilustrativa. Los elementos de la Fiscalía fueron más allá, con pistola en la nuca y tras cortarle cartucho, lo amenazaron que si no confesaba le darían el mismo tratamiento que a los ejecutados por los cárteles de la droga/Foto: Especial
Otro nuevo caso de tortura a manos de la Fiscalía General del Estado se acreditó en contra de un ciudadano, se trata de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
A través de la recomendación 133/21, la defensoría de derechos humanos condenó que el pasado 30 de diciembre del 2020, recibieron una queja en la que se advertía de una detención ilegal de un ciudadano, por policías investigadores que sin orden alguna irrumpieron en su domicilio y lo torturaron física y psicológicamente para que se declarara culpable de un delito que no cometió.
Pero los policías fueron más allá y le decían con pistola en la nuca y tras cortarle cartucho que si no confesaba, se le daría el mismo tratamiento que a quienes son ejecutados por los cárteles de la droga.
“Fue detenido de manera arbitraria por policías investigadores que ingresaron a su domicilio sin una orden de cateo ni de aprehensión y lo sacaron a la fuerza. Dijo que en el traslado a la Fiscalía lo estuvieron golpeando y al llegar lo encerraron en un cuarto, donde le mostraban videos de personas torturadas y asesinadas por integrantes de un cártel, con prácticas en extremo violentas, mientras le decían que si no confesaba haberse robado una camioneta le iba a pasar lo mismo”, señala el documento.
Y agrega: “Indicó que lo tuvieron detenido una semana también por un supuesto delito de narcomenudeo y cada vez que lo sacaban de donde estaba, le cambiaban la ropa, le apuntaban en la cabeza con un arma, le cortaban cartucho y le enseñaban una chicharra eléctrica. Durante la investigación, esta defensoría corroboró el testimonio del quejoso con base en las declaraciones de varios testigos, quienes manifestaron haber observado vehículos sin logotipos tripulados por personas vestidas de civiles, quienes ingresaron al domicilio de la víctima, lo sacaron de manera agresiva a empujones y esposado y lo subieron a uno de los automóviles”.
Pese a que los policías negaron su participación de la forma en que se había denunciado por el ciudadano torturado, no fue suficiente para que la Comisión dictaminara su inocencia, por ello, advirtieron de las violaciones a derechos humanos por parte de los policías ministeriales.
“Los elementos de la Policía Investigadora del Estado involucrados negaron los hechos que les reclamó la persona agraviada. Manifestaron que sí intervinieron en la detención y en actos de investigación relacionados con el agraviado, y que su actuar fue apegado a derecho dentro de las diversas (…) Sin embargo, para este organismo sus argumentos no fueron sustentados con evidencia alguna. Respecto a los actos de tortura, se desprende que los elementos aprehensores desarrollaron actos violatorios de sus derechos humanos, que se ven reflejados al haber dado positivo en el dictamen psicológico emitido por esta Comisión, que concluyó que sí presentó trastorno por estrés postraumático, en el que se configura trauma posterior o secuela emocional permanente en su estado emocional y/o psicológico derivado de los hechos origen de la queja”.
Y fue enfática la CEDHJ al condenar el abuso: “Quedó acreditada la tortura a la víctima, pues hubo intención de los elementos policiales de provocarle daño físico y psicológico con la finalidad de que se declarara culpable del robo de vehículos y proporcionara información, a lo que se suma la detención ilegal y los malos tratos a sus familiares y la transgresión al derecho de inviolabilidad del domicilio, así como la versión falsa de los hechos por parte de los elementos aprehensores en el informe policial homologado”.
Derivado de esto, la Comisión pidió expresamente que se repare el daño a la víctima, se inicie y concluya procedimiento administrativo contra los policías y sean estos puestos a disposición por su probable comisión de delitos, además, de que se desarrolle la carpeta de investigación por parte de la misma Fiscalía –en el área de visitaduría- para que se deslinde la responsabilidad penal de los agentes.
