Esperan mejorar coordinación institucional
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Los once elementos que conformarán este consejo buscarán abonar al acceso a la justicia y al respeto a los derechos humanos, con el mejoramiento de los procesos de búsqueda, al tomar en cuenta las aportaciones de quienes más se han involucrado en estos temas/Foto: Francisco Tapia
A unos días de que se les eligiera, ayer en el Congreso de Jalisco diputados tomaron protesta a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano del Sistema de Búsqueda; los recién nombrados esperan mejorar la coordinación institucional para combatir mejor el problema de las desapariciones.
En total son once personas las que conformarán este consejo, que está contemplado dentro de la Ley Estatal de Desaparecidos: cinco familiares de personas desaparecidas, tres expertos en materia forense o en investigación, y tres defensores de derechos humanos.
Quienes tomaron protesta fueron Martha Morales, Angélica Vargas, Mercedes Adriana Méndez, Martha Leticia García y María Catalina Mireles, de parte de familiares de desaparecidos; Héctor Soto, María Edith López y Paola Olimpia Muñoz, como los tres especialistas; mientras que Anna Karolina Chimiak, Luis Enrique González y Mayra González como representantes de organizaciones civiles.
A decir de todos ellos, con esto pretenderán abonar al acceso a la justicia y al respeto a los derechos humanos, con el mejoramiento de los procesos de búsqueda en la entidad, al tomar en cuenta las aportaciones de quienes más se han involucrado en estos temas.
Mencionado consejo forma parte de la recientemente aprobada Ley de Personas Desaparecidas del Estado, y fue concebido como un órgano de consulta del comité coordinador en la materia.
Ahora que ya se integró oficialmente, restará la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda -que tendrá tres espacios para este consejo-, que conjuntará a todas las dependencias involucradas en el tema de desapariciones.
Cabe recordar que quienes formen parte del consejo ejercerán sus funciones de forma honorífica, aunque desde el ejecutivo se deberá garantizar la suficiencia presupuestal para la operación del mismo. Entre sus funciones destaca su participación en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de desaparición de personas en Jalisco.
Desde que entró en vigor la ley, en febrero pasado, también comenzaron a correr los tiempos para que el gobierno estatal y la fiscalía modifiquen sus reglamentos acorde al nuevo marco legal, para lo cual tendrán 90 días.
