Que maltrato no quede impune: Colectivos feministas
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Solicitamos a las autoridades competentes en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, inicien los procedimientos de sanción de manera oficiosa, especialmente el IEPC”, contra el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, por sus dichos contra una trabajadora del municipio/Foto: Especial
Luego de que se diera a conocer el acoso que sufrió una empleada del ayuntamiento de Tototlán, por parte del propio alcalde Sergio Quezada Mendoza, colectivos feministas exigieron que se haga la reparación del daño a la afectada y que el presidente municipal se separe de su cargo en tanto se llevan a cabo las investigaciones.
A través de un comunicado que soltaron agrupaciones como Cladem o G10 x Jalisco, activistas también exigieron que como medida cautelar se separe del cargo a Efraín Martínez Íñiguez, director de Padrón y Licencias que acosó inicialmente a la empleada, y se sancione como corresponda.
“La presencia de funcionarios (como estos) en la administración pública, es un peligro y un riesgo, por lo que se hace urgente y necesario se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontramos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal, ni en otro nivel de gobierno”.
Hace días un medio de comunicación dio a conocer que una trabajadora de la administración municipal fue víctima de acoso por parte del presidente municipal, quien fungía como mediador en un caso de hostigamiento que ella denunció, por parte de Martínez Íñiguez, el año pasado.
Por ello, y luego de que se difundieran los audios en donde se escucha al alcalde acosar a la empleada, colectivos de mujeres exigieron de manera directa al gobernador Enrique Alfaro una investigación puntual del accionar de la Fiscalía General del Estado, en particular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres y en su caso iniciar los procesos correspondientes, porque no avanzaron las denuncias que la trabajadora empleó desde marzo del 2020.
Además, solicitaron a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) dar acompañamiento a la víctima, con emisión de órdenes de protección necesarias para garantizar su seguridad e integridad; así como arrancar con las investigaciones respecto del actuar de la Contraloría Interna y la Unidad de Género del ayuntamiento, y se lleven acciones de responsabilidad contra todos los funcionarios que fueron omisos.
“Finalmente, solicitamos a las autoridades competentes en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, inicien los procedimientos de sanción de manera oficiosa, especialmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC)”.
