“Son arbitrarios y violan de derechos humanos”
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Pedimos que se nos dé una solución para que se nos reestructuren las deudas con una mensualidad de acuerdo a lo que recibimos, y que a las familias que ya han sido desalojadas de forma violenta se les restituya su patrimonio”, indicó Martha Hernández, vocera de los afectados/Foto: Francisco Tapia
Porque siguen con los desalojos y ninguna autoridad municipal hasta el momento les ha dado ayuda que frene estos actos, familias de Santa Fe, en Tlajomulco, presentaron un documento al Congreso de Jalisco; solicitaron a diputados locales intervenir con autoridades federales para evitar que los saquen de sus viviendas.
Martha Hernández, vocera de la agrupación “En defensa del patrimonio Santa Fe”, platicó para Página 24 que la situación es insostenible, pues los desalojos de viviendas siguen al pie del cañón, de forma arbitraria y violatoria de derechos humanos: “Tememos por nuestro patrimonio. No fuimos notificados con antelación ni al momento de los desalojos. No se entregó ningún documento legal acreditando dicho procedimiento. Por eso pedimos se nos proporcione una solución a esta situación que estamos viviendo”.
A pesar de que en su momento el gobierno de Tlajomulco instaló mesas para ayudar o asesorar a miles de familias que se ven con el riesgo de ser desalojados, por falta de pago, Martha Hernández explicó que no han servido de ayuda pues personas, que por cierto no se identifican debidamente, van a sacar a madres solteras o menores de las casas en horas de la madrugada.
El fraude inmobiliario, recordó, se suscitó por Crédito y Casa -que fue la empresa que les vendió sus viviendas hace 17 años-, ya que de manera paulatina los créditos hipotecarios se hicieron cada vez más difíciles de pagar pues les empezaron a subir las mensualidades, sobre todo ahora en tiempos de pandemia.
Aunque están conscientes de que deben seguir pagando su casa, manifestó que cuando la empresa se declaró en quiebra sus viviendas cayeron en cartera vencida, por lo cual también se generó incertidumbre pues nunca les informaron a dónde debían pagar sus mensualidades. Por ello, solicitaron la ayuda de diputados para que intervengan con la federación, a fin de que se les dé una solución viable, con la posibilidad de poder reestructurar los pagos de los créditos con cantidades asequibles a sus posibilidades, ya que de pagar mil 500 pesos en un inicio ahora les cobran 6 mil, y es algo que no pueden costear.
“Pedimos que se nos dé una solución para que se nos reestructuren las deudas con una mensualidad de acuerdo a lo que recibimos, y que a las familias que ya han sido desalojadas de forma violenta se les restituya su patrimonio”, agregó.
