Diputados analizarán si hay elementos para proceder contra la alcaldesa de Tlaquepaque
Por Elizabeth Ríos Chavarría
La legisladora morenista María Esther López señaló que estudiarán la denuncia de juicio político, con la finalidad de constatar o no si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso en contra de la alcaldesa María Elena Limón, por presunto incumplimiento en la regulación de mercados municipales/Foto: Francisco Tapia y Archivo Página 24
Por posibles actos ilegales, integrantes de la Comisión de Responsabilidades, del Congreso de Jalisco, admitieron una solicitud de juicio político en contra de la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón García.
A decir de la presidenta de la comisión legislativa, la diputada María Esther López Chávez, la denuncia que presentaron particulares se hizo por el aparente incumplimiento en la regulación de mercados municipales, por lo que en la misma también se incluyó al secretario general Salvador Ruiz Ayala, el síndico José Luis Salazar Martínez y al director de inspección de mercados, Juan Martín Núñez Morán.
La radicación del juicio ayer en comisiones, explicó la legisladora morenista, significa que estudiarán la denuncia de juicio político, con la finalidad de constatar o no si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso en contra de mencionados funcionarios.
“Sigue el estudio del asunto, tal cual, las pruebas, ver o analizar si nosotros nos tenemos que hacer llegar de más elementos de prueba, si pudiésemos solicitar algunas cuestiones documentales que podamos requerir para que nosotros tengamos elementos de decir sí o no procede juicio político, o es falta administrativa, etc.”.
Dijo que aprobaron darle entrada, pues analizando la documentación presentada en la denuncia, existen elementos suficientes para que la comisión legislativa le entre a la investigación correspondiente. Respecto a los tiempos, recordó que tienen 90 días en total para resolver esta parte del proceso.
Aunado a este caso, la comisión también dio entrada a las denuncias de juicio político en contra de los jueces Arturo Espinoza y Leopoldo Partida, mientras que por otro lado se desecharon las solicitudes en contra del rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí; el alcalde de Cihuatlán, Fernando Martínez; y Claudia Rivera, consejera de la judicatura.
Blindado para no irse
En otros puntos, la legisladora manifestó que en tanto los procesos sigan abiertos, en el Congreso de Jalisco no podrán votar las sanciones que se determinaron por mismos diputados –en 2017– en contra del magistrado Alberto Barba Gómez.
Fue hace tres años cuando diputados de la misma comisión determinaron la destitución del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, así como inhabilitarlo por 10 años, sin embargo, eso no ha procedido debido a que el acusado implementó varios amparos y por el momento está a salvo en tanto se resuelven los seis procesos que siguen abiertos.
Al respecto, López Chávez explicó que para poder dar cumplimento a una de las resoluciones primero es necesario revisar de nueva cuenta las conclusiones, así como revisar las pruebas testimoniales que aporte el magistrado.
“El magistrado dice ‘yo quiero presentar pruebas testimoniales’ y el juez de distrito le da la razón. El expediente nos lo regresan para nosotros resolver si es conducente en términos del amparo que le conceden que presente testimoniales. Creo que este es un asunto de trámite para hacer un proceso dilatorio”.
