Científicos analizan situación de políticas públicas
La investigación científica y tecnológica aporta beneficios no sólo para la sociedad, sino para el mismo Estado, por lo que el poder público debe de garantizar recursos y una política de no intromisión para que los académicos que se dedican a este sector puedan trabajar con libertad, coincidieron investigadores y especialistas en la mesa de discusión “¿Cuáles medidas estructurales para el desarrollo de ciencia requiere nuestro país?”, organizada por la Vicerrectoría Ejecutiva de la UdeG, como parte del programa FIL Pensamiento.
El doctor Antonio Lazcano Araujo Reyes, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, señaló que es indispensable que el Estado y la sociedad reconozcan el papel central que desempeña la investigación científica en el mundo contemporáneo, pues no únicamente representan una fuerza económica, sino también una fuerza social.
“Esto sólo será posible cuando se tenga la libertad académica, condición absolutamente indispensable para que la ciencia se pueda desarrollar de una manera adecuada. Significa que haya una visión de la ciencia que no dependa de los vaivenes sexenales; un apoyo del Estado en términos económicos y administrativos para que no estemos dependiendo de los caprichos del gobernante en turno y su incapacidad para darse cuenta de que los tiempos de la investigación no necesariamente son tiempos políticos”, declaró.
Recalcó que es necesaria una política que dé iguales oportunidades para que cualquier persona pueda desarrollar ciencia y generar aportes a la investigación, aunque esto implica una descentralización de los recursos en el país.
“Una política de igualdad que permita que todas las personas, independientemente de su género o sus orígenes, puedan acceder a una carrera científica y a los beneficios de la ciencia; eso implica que tendrán que desarrollar una política de descentralización que sea efectiva, cosa que en el caso mexicano carga con el peso de 500 años de concentración de poder político, económico y social en la Ciudad de México”, indicó el también miembro de El Colegio de México.
La doctora Lorena Ruano, Directora de la División de Estudios internacionales, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió en que el sector científico requiere de tener reglas claras y financiamiento que no esté sujeto a los cambios en las esferas gubernamentales e instancias encargadas de administrar los recursos nacionales.
“Se necesita una política de Estado que vaya más allá de las lógicas y políticas sexenales o del presupuesto anual que nos marca Hacienda. Con algunas de las medidas que se habían venido construyendo con mucho trabajo, como fueron los fideicomisos, se buscaba justamente la visión de largo aliento, asegurar financiamiento y cierto tipo de prácticas que no estuvieran sujetas a los caprichos de la política y al vaivén de las elecciones”, indicó.
La especialista advirtió que “sin recursos no va a llegar muy lejos el país”, y recordó que en las últimas décadas no se ha cumplido la meta de lograr que 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país esté invertido en ciencia y tecnología.
“Estamos muy lejos de esa meta, no se ha llegado ni a 0.4 por ciento, y esto va en disminución con la desaparición de los fideicomisos; en este año se ha reducido a la mitad el presupuesto al que se tenía acceso en el sector, porque los fideicomisos representaban el doble de lo que se está asignando al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los centros públicos de investigación”, expresó.
Durante la mesa de diálogo, en el marco de la edición especial virtual de la FIL de Guadalajara, que se desarrolla del 28 de noviembre al 6 de diciembre, la doctora Lourdes Morales, Coordinadora General de la Red por la Rendición de Cuentas y profesora del CIDE, recordó que la decisión de extinguir los 109 fideicomisos fue un golpe a los recursos que reciben los centros de investigación en México.
Del total de fideicomisos que fueron desaparecidos 65 estaban vinculados con la ciencia y la tecnología, equivalentes a 22 mil millones de pesos, y 25 más estaban relacionados con los centros públicos de investigación, con un equivalente a seis mil 020 millones de pesos.
“Esta decisión se tomó sin considerar que no había denuncias penales en contra de estos fideicomisos, que había observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación que sí habían sido atendidas, y que se cumplían con los estándares óptimos de operación”, recalcó.
El doctor José Roldán Xopa, abogado especialista en derecho administrativo, destacó que el Estado debe de garantizar el libre ejercicio de la investigación científica como un derecho que, además, es benéfico para la sociedad.
“Es un ámbito de la actividad humana que se desarrolla con ciertos métodos. Se tienen comunidades científicas y también requiere de un espacio para que pueda llevarse a cabo la innovación y las confrontaciones con distintas formas de pensar la ciencia. Se requiere de un hábitat, de un contexto en donde el Estado tiene que garantizar que se respete este hábitat en el que las comunidades científicas ejerzan esa libertad”, puntualizó.
