Con patrullas de policía municipal y de vialidad

Por Rafael Hernández Guízar

“Sí ahora vienen más patrullas, y no tiene nada que ver los de tránsito pero vienen con ellos y se los llevan”, lamentó Roberto con gesto adusto sobre lo que ocurre con quienes “no respetan” el espacio público/Foto: Francisco Tapia

“Sí ahora vienen más patrullas, y no tiene nada que ver los de tránsito pero vienen con ellos y se los llevan”, lamentó Roberto con gesto adusto sobre lo que ocurre con quienes “no respetan” el espacio público/Foto: Francisco Tapia

Ciudadanos se dijeron ayer muy molestos por la ma­nera en que l policía de Gua­dalajara arresta a los franele­ros en las calles.

En las afueras del mer­cado El Campesino, en esta ciudad capital, llegaron po­licías del ayuntamiento de Guadalajara en un operativo con Policía Vial del gobier­no del estado, se llevaron a unos apartalugares que es­taban en el sitio.

Roberto Velázquez, un ciudadano que estaba en el lugar de los hechos, externó su molestia, pues no sólo es un ciudadano de a pie, sino  que se gana la vida de la mis­ma manera, dirigiendo el trá­fico en el estacionamiento de un banco, ayudando a la gente para estacionarse.

“Todo el tiempo se los han llevado. Sí ahora vienen más patrullas, y no tiene nada que ver los de tránsito pero vienen con ellos y se los llevan”, dijo con gesto adusto.

Y siguió: “A mí no me llevan porque a mí me dijo la jefa de personal que no me iban a hacer eso, porque yo trabajo para el banco (…) Pero sí es muy injusto que se los lleve el ayuntamiento, y pobres muchachos mijo, les quitan como mil 200 pesos por la multa”.

Indicó el molesto ciudada­no que la multa que les cobran a los que se llevan es de mil 200 pesos que se les impone por un juez cívico en los juz­gados municipales.

En caso de no pagar la sanción, deben cumplir con un arresto administrativo.

En su caso, las cosas han sido diferentes porque está contratado por el banco para poner orden en el lugar, sin embargo, resaltó que el caso de sus compañeros de oficio, es desesperante pues de las propinas que ganan mantie­nen a sus familias.

Sin embargo, hay que se­ñalar que los operativos del ayuntamiento van encamina­dos a evitar que se aparten lugares y que para liberarlos, se cobre a la ciudadanía. Lo anterior, en efecto constitu­ye una falta administrativa e incluso, podría llegar a ser considerado como un delito en caso de que se compruebe que se lucra con el espacio público.