Para hacer frente a los grandes retos del país
Coincidieron académicos este viernes en el webinar “El futuro de la universidad”, organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Jalisco a Futuro
Las universidades mexicanas deben de aprender a trabajar en consorcios para lograr potenciar sus capacidades académicas y de investigación, y que el uso de las tecnologías les permita la colaboración para hacer frente a los embates de las políticas federales, coincidieron académicos este viernes en el webinar “El futuro de la universidad”, organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Jalisco a Futuro.
Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación de esta casa de estudios, declaró que fortalecer los modelos de colaboración entre universidades públicas y privadas será clave para hacer frente a las políticas educativas de mayor “control, escasez y dependencia del gobierno federal”.
Puso como ejemplo la Red Nacional de Innovación Educativa que aglutina a nueve universidades públicas y privadas, incluida la UdeG, y que ha dado buenos resultados y cuyo modelo podría ser aplicado en el ámbito estatal.
“La respuesta debe de ser local, y la mejor manera de fortalecernos mutuamente es establecer, con las nuevas tecnologías, esos mecanismos de colaboración, incluso en la docencia, compartir estudiantes, compartir profesores entre universidades públicas o privadas, porque ambas contribuimos al desarrollo y al bien público”, subrayó.
Catalina Morfín López, directora general académica del ITESO, se manifestó en favor de establecer este tipo de consorcios universitarios, para lo cual debe de haber primero un ambiente menos polarizado en el país, en el que ambas instancias puedan generar proyectos que contribuyan a solucionar los problemas sociales.
Respecto a la Ley General de Educación Superior, dijo que uno de los aciertos de esta nueva legislación, que es discutida en el Senado mexicano, es articular un verdadero sistema de educación superior, un proyecto nacional para este sistema y cuerpos colegiados nacionales y estatales con intención regularla, y que ayudará a impulsar la planeación, la evaluación y el desarrollo de la enseñanza en este nivel.
Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que la Ley General para la Educación Superior es conservadora, pues tiene “un impacto regulatorio bajo, que conserva el sistema educativo tal y como está”, y no obliga a las instituciones a hacer transformaciones profundas que mejoren la calidad de educación.
“En contraparte, abre posibilidades de desarrollo subsecuentes. Era necesario este nuevo marco general regulatorio obligado por la reforma al artículo tercero constitucional de 2009; es una ley que llega suscrita por todas las fracciones parlamentarias, aunque esto no quiere decir que se logró un consenso en su contenido; un aspecto crucial es que formaliza a los sistemas estatales de educación superior y abre la puerta a que existan programa y leyes estatales en esta materia y establece una distribución de competencias en clave federalista”, argumentó.
Aseguró que los 32 estados del país están obligados a modificar sus leyes de educación superior para armonizarse con los mandatos de la legislación general nacional a más tardar en un año.
Adrián Acosta Silva, coordinador académico del proyecto Jalisco a Futuro 2030, del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la UdeG, afirmó que en México las universidades se han transformado a raíz de las crisis históricas que se han presentado desde la época de la Colonia, y seguramente podrán reinventarse en este nuevo escenario mundial.
