Para abonar a la transparencia, aclaran legisladores
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Diputados locales aprobaron que sujetos obligados informen en torno a sus redes sociales y se sumen a un directorio, lo que dará certeza a la ciudadanía sobre si lo que se publica en espacios virtuales de las dependencias de gobierno en verdad es confiable y oficial/Foto: Archivo Página 24
Con la finalidad de regular la forma en que funcionan, el pleno del Congreso de Jalisco avaló reformas a la Ley de Transparencia para que las redes sociales de todos los servidores públicos, incluyendo las del gobernador, formen parte de un padrón que podrá y deberá ser fiscalizado.
De acuerdo al documento avalado, no solo cuentas oficiales sino redes sociales, desde el gobernador hasta funcionarios de cuarto nivel del sector público, deberán registrarse ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), pues se considerará como información fundamental y obligatoria la publicación de un directorio de funcionarios. Esto obligará también a informar sobre el gasto realizado para sostener estas cuentas.
La propuesta la impulsó el diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Gustavo Macías Zambrano, quien recalcó la importancia de regular el uso de redes sociales de quienes conforman el sector público, pues muchas de estas no están registradas y por ende se desconoce si la información que emiten es oficial o no.
Además, dijo que es importante contar con un directorio de servidores públicos –con teléfono, correo electrónico y domicilio para correspondencia–, a fin de que sujetos obligados informen y por ende la ciudadanía tenga certeza de lo que se publica en espacios virtuales de las dependencias de gobierno en verdad es confiable y oficial.
El documento detalla que el directorio deberá contener el nombre de todas las cuentas oficiales de redes sociales digitales que administren los sujetos obligados, así como aquellas de los servidores públicos que voluntariamente decidan incorporarse al mismo, bajo los términos delimitados por el Sistema Nacional de Transparencia.
Por ello, los gastos de publicidad en redes sociales deberán ser detallados, al menos desde los últimos tres años, donde se especifique fecha, monto y partida de erogación, toda vez que se mantendrán con recursos del erario público.
Para que una cuenta o red social de un funcionario se considere como información pública, de acuerdo al ITEI, esta deberá administrarse directa o indirectamente por la persona; que se trate la misma como acceso público; y que sea utilizada para proporcionar información derivada del cargo.
