Pretenden que genere “elecciones transparentes” de funcionarios
La propuesta establece crear un catálogo de cargos que se eligen en el Congreso, para dar claridad en el tema, y homogeneizar mecanismos en las convocatorias, a fin de plantear un mínimo común
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Sofía Berenice García Mosqueda, diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso/Foto: Archivo Página 24
Con el objetivo de escuchar todas las voces y conformar un producto final mejor elaborado, diputados locales aprobaron que la Ley de Designaciones Públicas se analice y discuta a través del mecanismo de parlamento abierto.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, instruyó a las comisiones dictaminadoras a llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de que desarrollen mencionado ejercicio, a través de plataformas electrónicas debido a la pandemia por COVID-19.
Esta propuesta de ley nació de la iniciativa ciudadana impulsada por la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz, ex aspirante al Consejo de la Judicatura, en un afán homologar las reglas de operación para generar un marco básico que garantice elecciones transparentes, tras el cuestionado proceso que llevaron diputados para la designación de consejeros, al haber hecho elegibles a todos los aspirantes a pesar de que reprobaron, menos ella, el examen de conocimientos.
Se presentó en su momento como iniciativa popular ante el IECP, con el acompañamiento del ahora partido político Hagamos, tras recabar alrededor de 30 mil firmas. Sin embargo, y debido a los nombramientos que tienen diputados en puerta, es que esta misma agrupación presentó la propuesta ante el Congreso local, mejor conocida como “Sin cuates ni cuotas”, en un afán de lograr que avanzara lo más pronto posible.
Con reformas a la Constitución de Jalisco y las demás leyes que involucren nombramientos, la propuesta establece dos puntos primordiales: la creación de un catálogo de los cargos que se eligen en el Congreso del Estado, para tener mayor claridad en el tema; así como homogeneizar mecanismos en las convocatorias, a fin de crear un mínimo común.
Las convocatorias se abrirían a la sociedad, con la ampliación de periodos de inscripción, y la posibilidad de registrarse en línea, por ejemplo; y habría evaluaciones de rigor en el que se inviten a universidades. Todo esto, para garantizar que más personas participen y que a los cargos lleguen los mejores perfiles.
Además, habría observadores ciudadanos para todos los procesos, con convocatoria abierta; y se delimitaría mejor la participación del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
