Encima, se niegan a acatar suspensiones otorgadas a vecinos: Alejandro Cárdenas

El alcalde tapatío y el cabildo dieron oportunidad –huecos en la normativa­– a desarrolladores para que llevaran a cabo su proyecto, pisoteando lo asentado en los reglamentos y la voluntad de los ciudadanos de la colonia Country Club, tronó el representante legal de los afectados 

Por Rafael Hernández Guízar

“El ayuntamiento de Guadalajara de manera discrecional elige a quién sí y a quién no le dan los permisos (…); no es legal, porque la elaboración de los planes derivan de una consulta pública, viene regulado por el código urbano y la ley de asentamientos”, cuestiones que Ismael del Toro y los regidores tapatíos se pasaron por el arco del triunfo, denunció el abogado Alejandro Cárdenas/Fotos: Francisco Tapia

“El ayuntamiento de Guadalajara de manera discrecional elige a quién sí y a quién no le dan los permisos (…); no es legal, porque la elaboración de los planes derivan de una consulta pública, viene regulado por el código urbano y la ley de asentamientos”, cuestiones que Ismael del Toro y los regidores tapatíos se pasaron por el arco del triunfo, denunció el abogado Alejandro Cárdenas/Fotos: Francisco Tapia

El alcalde tapatío Ismael del Toro y los demás regidores son igual de culpables en torno a las violaciones a los reglamentos de Guadalajara por permitir construcciones “irregulares”, denunciaron ayer vecinos de la colonia Country Club.

Alejandro Cárdenas Enríquez, el abogado de los vecinos, adujo que dentro del ayuntamiento se hicieron “simulaciones” para interpretar los planes parciales, es decir, la manera en que se puede o no construir en la ciudad, con lo cual se emitieron opiniones técnicas por parte de varias dependencias que ayudaron a que se les diera oportunidad a los desarrolladores de una torre de departamentos en la calle Mar Tirreno, aún cuando estaba prohibido por los mismos reglamentos municipales.

“Con estas opiniones técnicas que emiten las comisiones, el comité avala y esto lo aprueba el pleno del ayuntamiento de Guadalajara, pasa a firma con todos los regidores y se manda un oficio (…)- Están dándole la vuelta violando la suspensión de los planes parciales. El ayuntamiento de Guadalajara de manera discrecional elige a quién sí y a quién no le dan los permisos (…); no es legal, porque la elaboración de los planes derivan de una consulta pública, viene regulado por el código urbano y la ley de asentamientos”.

–¿Entonces hicieron legal lo ilegal?

–Está (Ismael del Toro), autorizando lo que no se permite en el plan parcial.

–¿Es delito?

–Sí, está tipificado como delito en el artículo 253 TER que es aquella autoridad que altere la zonificación primaria en un plan parcial.

–¿Quién cometió el delito?

–Los que cometieron el delito sería el pleno en su totalidad porque (éste) validó un dictamen y los que firman la resolución del comité dictaminador: Ismael del Toro como presidente, Patricia Guadalupe Campos, síndico municipal; Eduardo de la Mora, coordinador de Gestión de la Ciudad; Juan Manuel Munguía, coordinador de Desarrollo Económico; Tania Libertad Zavala, coordinadora de Movilidad y Transporte; y Paulina Cervantes, directora de Medio Ambiente.

En el ayuntamiento ponen excusas para no clausurar la obra, con lo que se entiende que están dando tiempo a la constructora para terminar la torre de departamentos

En el ayuntamiento ponen excusas para no clausurar la obra, con lo que se entiende que están dando tiempo a la constructora para terminar la torre de departamentos

Agregó que aunque se otorgó a los vecinos suspensiones por parte de la justicia federal para que la obra fuese clausurada por violar los ordenamientos municipales, el ayuntamiento una y otra vez se negó, al grado de caer en posible desacato: “Actualmente hay medidas cautelares que ordenan la suspensión inmediata de la obra, sin embargo el ayuntamiento de Guadalajara ha sido completamente omiso en acatar las suspensiones ordenadas por los tribunales, bajo ilógicas justificaciones. El ayuntamiento de Guadalajara le está dando tiempo a la constructora de que terminen la obra”.

En tanto, los vecinos hicieron un llamado al alcalde para que acaten la suspensión que se derivó de un juicio de amparo con lo cual, se ordena detener la edificación, y así evitar daños a las propiedades aledañas, así como las afectaciones al medio ambiente.

“El ayuntamiento ha aumentado el costo de los prediales pero al parecer no tiene interés en proteger el derecho de los ciudadanos”, dijo uno de los molestos vecinos.

Por cierto que al término de la rueda de prensa, los vecinos y el abogado acudieron al ayuntamiento a pedir de nueva cuenta que se clausure la obra.

La respuesta fue ambigua, sin embargo, horas después, trascendió que hoy miércoles 9 de septiembre el ayuntamiento se vería en la obligación de clausurar la obra para no caer en desacato, lo cual traería posibles repercusiones administrativas y penales en contra de todos los funcionarios implicados.