Pero pronto habrá sentencia de la CoIDH por omisiones del gobernador: Colectivos

“Desde el 7 de febrero se les avisó que los pobladores de la ribera están engrave riesgo de daño irreparable en su vida y su salud, y ha  sido omisa la acción”

Por Rafael Hernández Guízar

El gobierno de Jalisco tiene presupuestados mil 100 millones de pesos para combatir el grave problema de contaminación en el río Santiago, que está enfermando a miles de personas asentadas en los márgenes del caudal y en la ribera de Chapala; sin embargo, no se ven acciones en que haya gastado el recurso, lamentaron activistas ambientales/Foto: Francisco Tapia

El gobierno de Jalisco tiene presupuestados mil 100 millones de pesos para combatir el grave problema de contaminación en el río Santiago, que está enfermando a miles de personas asentadas en los márgenes del caudal y en la ribera de Chapala; sin embargo, no se ven acciones en que haya gastado el recurso, lamentaron activistas ambientales/Foto: Francisco Tapia

Enfermos y deudos de los muertos por la contaminación del río Santiago y la Ribera de Chapala se manifestaron ayer en palacio de gobierno, adelantaron que en breve ha­brá una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el gobierno de Jalisco.

Ricardo Lira Coronado, el presidente de la organización Foro Socioambiental Guada­lajara, dejó en claro que el gobierno estatal ha asumido una actitud “asesina” contra la gente que vive en los alre­dedores de la cuenca Lerma-Santiago, al no trabajar real­mente por el saneamiento del agua, pues permite que las in­dustrias sigan contaminando.

“Este gobierno al inicio de su gestión pidió mil 100 mi­llones para el saneamiento del Santiago y díganme qué indus­tria ha parado de contaminar al río Santiago. Las industrias de los amigos de los gobernantes siguen contaminando y este crimen se va a pagar en la Cor­te Interamericana de Derechos Humanos que está a punto de dar una sentencia definitiva porque desde el 7 de febrero se les avisó que los pobladores de la ribera están en grave riesgo de daño irreparable en su vida y su salud, y ha sido omisa la acción en el río Lerma, los colectivos tapatíos y los repre­sentantes de la cuenca Lerma Chapala Santiago, exigimos acciones”.

Resaltó que cientos de personas han presentado en­fermedades crónico-degene­rativas como la insuficiencia renal crónica, cáncer y tumo­res cerebrales, algo que no se ha atacado, tal es el caso de los habitantes de comunida­des como San Pedro Itzicán y Agua Caliente en Poncitlán, además de El Salto y Junacat­lán, lugares para los cuales se ha pedido dinero por el go­bierno estatal en específico, se ha presupuestado, pero no se ha ejercido.

Por ello, anunció que en breve habría una sentencia de instancias internacionales para sancionar al gobierno estatal por omisiones que han desencadenado la muerte y enfermedad de miles.

“Ya firmamos una minuta para que se exija cero descar­gas al río Santiago, al Lerma, al lago de Chapala, al Zula, porque ahorita Guadalaja­ra está tomando agua de dos fuentes gravemente contami­nadas y de esto la Universidad de Guadalajara ya advertía que de no atenderse el proble­ma de Poncitlán en 2016 iba a pasar el problema a Gua­dalajara, que el agua potable contaminada de la ribera es la punta nada más, el proble­ma iba a pasar a Guadalajara si los gobiernos no actuaban, esos millones deben aplicar­se, esos 18 mil millones que lo dedique a cambiar la tube­ría del agua, eso no le cuesta ningún dinero porque ya está presupuestado”.

Y agregó: “Debe de sentar­se el gobernador con la Cona­gua a cumplir la ley de aguas nacionales porque están ma­tando a miles de jaliscienses y ya van a empezar a matar ta­patíos también por el agua, es una grave falta. En Guadalaja­ra ya sale el agua contamina­da y hay gente de las colonias Jardines Alcalde, Colinas de la Normal y Miraflores para que algo se haga, porque aho­ra somos los pueblos los que estamos exigiendo y haciendo lo que el gobierno nunca ha hecho, exigir cero descargas a las industrias y el saneamiento de las mismas”.

Los manifestantes fueron atendidos por la Secretaría General de Gobierno aunque no hubo compromisos con­cretos para evitar las descar­gas de la industria y sanear los cuerpos de agua.