Tiene autorización condicionada del gobierno federal; falta aval del cabildo

Por Gloria Reza M.

“La autoridad municipal no cuenta con elementos para autorizar un proyecto indefinido sin garantizar que no suponga un riesgo irreversible para la población y al ambiente”, sentenciaron pobladores de la comunidad de Casa Blanca, en Poncitlán, quienes manifestaron serias inconsistencias en los estudios de riesgo del proyecto/Foto: Especial

“La autoridad municipal no cuenta con elementos para autorizar un proyecto indefinido sin garantizar que no suponga un riesgo irreversible para la población y al ambiente”, sentenciaron pobladores de la comunidad de Casa Blanca, en Poncitlán, quienes manifestaron serias inconsistencias en los estudios de riesgo del proyecto/Foto: Especial

(apro).- Vecinos la loca­lidad de Casa Blanca, perte­neciente a Poncitlán, exigen a su alcalde Miguel Núñez López negar permisos a IE­nova Petrolíferos VI, S. de R. L. de C.V. (filial de Sempra Energy, compañía estado­unidense) para construir una terminal para la recepción, trasvase, almacenamiento y distribución de combustibles, al considerar que su opera­ción contraviene normas mu­nicipales y su giro es de alto riesgo para los habitantes.

El pasado 3 de julio, los inconformes entregaron un escrito al presidente munici­pal, en el cual subrayan que la terminal “no trae beneficios para el municipio ni para las comunidades, pero sí impac­tos y riesgos inconmensura­bles para miles de personas y para el territorio”.

Por ello, solicitaron a Mi­guel Núñez convocar a una sesión extraordinaria del ca­bildo para tratar el tema del proyecto, puesto que en otra reunión del ayuntamiento se habían comprometido a ha­cerlo, sin que a la fecha haya ocurrido.

Argumentaron que el mo­tivo de la urgencia es que la Agencia de Seguridad, Ener­gía y Ambiente (ASEA) del gobierno federal otorgó au­torización condicionada a IEnova para desarrollar el proyecto.

El 9 de julio, acudieron a la sesión de cabildo e hicieron de nuevo la misma petición. De acuerdo con los quejosos, los regidores dijeron desco­nocer el proyecto y les pidie­ron tiempo para investigar, a la vez que se comprometieron a no otorgar permiso alguno.

No quedó constancia de ese hecho, puesto que se cortó la transmisión de la sesión segundos después de que ingre­saron los pobladores de Casa Blanca al área de cabildo. Sin embargo, los vecinos refieren que exigieron que se asentara en el acta, y los regidores lo aprobaron.

Los pobladores alegan que el Plan de Ordenamiento te­rritorial del Estado, el Plan de Ordenamiento Municipal y el Plan Municipal de Desarro­llo Urbano, establecen que el uso de suelo del terreno don­de se ubicaría la terminal es “agrícola, con compatibilidad condicionada a industria de bajo riesgo”, por lo que no es posible que se le dé permiso de construcción ni de funcio­namiento.

Además, recuerdan que, para otorgarle licencia mu­nicipal, “el promovente debe acreditar la propiedad del terreno, y la documentación con que cuenta no es válida por encontrarse el terreno en juicio agrario”.

Inconsistente estudio de riesgos

En abril de 2019, IEnova anunció que en sociedad con la empresa suiza Trafigura, comenzaría la primera etapa, de la nueva Terminal de Re­finados Guadalajara donde se almacenarían hasta 290 mil barriles de gasolina, diésel, etanol, y MTBE para trasvase a autotanques, y que habría una segunda etapa de amplia­ción, sin especificar a cuánto se incrementaría su capacidad.

Pero fue hasta el 26 de agosto de 2019, cuando IEno­va ingresó su proyecto ante la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales de­pendiente de la ASEA, y el 19 de marzo de 2020, le autoriza­ron de forma condicionada el desarrollo de la terminal.

De acuerdo con el proyec­to, la terminal abarcaría 41.8 hectáreas y se ubicaría a me­nos de un kilómetro de dis­tancia de la carretera federal 35 Guadalajara-Ocotlán, en la desviación al poblado de Tecuatitlán, y “correrá para­lelamente” en 1.5 kilómetros a la vía principal de la ruta Irapuato-Guadalajara.

Los vecinos quejosos se­ñalan que el estudio de Riesgo Ambiental que IEnova entre­gó a la ASEA “está lleno de inconsistencias y de informa­ción censurada por confiden­cialidad, como los criterios de sistema ambiental”.

Además, en el documen­to se advierte que si un carro tanque choca con un tren se volcaría, provocando derrame del combustible MTBE, y re­sultaría afectada la localidad de Casa Blanca, la línea 1 del ferrocarril y un arroyo que co­rre por la zona.

En otros escenarios, en caso de derrame de gasolina o diésel resultarían con daños el arroyo, la línea del tren, así como dos empresas ubicadas en la zona.

Los habitantes de Casa Blanca, indican que en el es­tudio sólo se contemplan los riesgos de trasvase para una capacidad diaria de 27 mil 200 barriles, pero no mencio­nan cuáles serían los peligros cuando aumenten su almace­namiento en la segunda etapa.

A la vez, apuntan que el estudio no menciona la afec­tación que sufrirían por la exposición prolongada de los vapores de los combustibles, ni otros posibles siniestros como una explosión en algu­na de las fábricas vecinas, o el descarrilamiento del tren.

Indican que, si IEnova obtuvo la autorización condi­cionada del gobierno federal, el municipio no está obligado a otorgar el cambio de uso de suelo y la licencia municipal.

“La autoridad municipal no cuenta con elementos para autorizar un proyecto inde­finido sin garantizar que no suponga un riesgo irreversi­ble para la población y al am­biente”, insisten.

Los socios de IEnova

Ex funcionarios forman parte del consejo directivo de IEnova, su presidente, Carlos Ruiz Sacristán, quien fungió como titular de la SCT en el periodo de Ernesto Zedillo; y la directora general, Tania Ortiz Mena López Negrete, quien fue subgerente comer­cial de productos refinados de PMI Comercio Interna­cional, subsidiaria global de Pemex.

Además, Manuela Mo­lina Peralta, vicepresidenta ejecutiva de finanzas de IE­nova quien fue consejera del cancelado proyecto del Nue­vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y Gerardo de Santiago Tona, quien se desempeñó como funcionario de la CFE y del Sistema Municipal de Aguas de Saltillo.

Sempra Energy fue inves­tigada por la Secretaría de Se­guridad Nacional de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción, tráfico de in­fluencias, lavado de dinero y crimen organizado, según pu­blicó La Jornada (10/08/14). Sin embargo, el pasado 8 de julio, en la cena privada que tuvo el presidente Andrés López Obrador con su homó­logo de Estados Unidos, Do­nald Trump, se anunció que Sempra haría una inversión millonaria en México.