Por Neldy San Martín
Julio 5, Ciudad de México (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que analiza las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal publicadas el pasado 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para valorar si vulneran derechos y libertades y, en su caso, interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego que organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos digitales y la neutralidad en la red exigieran a la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las medidas antes del 31 de julio, el organismo autónomo anunció que se encuentra “estudiando minuciosamente” y analizando, a la luz del texto constitucional, el contenido de las reformas.
“Para dilucidar si pudiesen incumplir con los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos, esto es, si pudieran conculcar derechos humanos y libertades reconocidos en el bloque de constitucionalidad”, manifestó la oficina de la ombudsperson.
El organismo, cuya titular es Rosario Piedra, señaló que en el supuesto de que las recientes reformas y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal del Derecho de Autor pudieran vulnerar o afectar derechos fundamentales se procederá a la elaboración de la acción de inconstitucionalidad.
“De acuerdo con la facultad que le otorga a esta Comisión el artículo 105, fracción II, inciso g de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para someter al escrutinio constitucional del Máximo Tribunal del país esas reformas, a efecto de que se invaliden las disposiciones que vulneren los derechos humanos de las personas”, explicó.
El Congreso se apresura a aprobar, sin discusión, los pasados 29 y 30 de junio, las reformas en la materia como parte de las leyes secundarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para “armonizar” la legislación nacional conforme al capítulo 20 del Tratado sobre Derechos de Propiedad Intelectual.
Entre las medidas, que entraron en vigor el pasado 2 de julio, se encuentra un mecanismo llamado de “notificación y retirada”, con el que se obliga a los proveedores de servicios de Internet a remover cualquier contenido de un usuario, como puede ser un meme, fotografía o video, cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor, sin necesidad de aportar pruebas y sin la orden de una autoridad judicial.
ONGs y colectivos aseguran que esta disposición es inconstitucional al tratarse de una medida de censura extrajudicial que viola la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales.
