“Nos dijeron que nos iban a descuartizar”

Víctimas del Halconazo tapatío

Testimonios de personas detenidas ilegalmente por agentes de la FGE coinciden en que, tras arrestarlos sin motivo, policías vestidos de civil los llevaron a la dependencia, donde robaron sus pertenencias, los agredieron físicamente y los sometieron a torturas psicológicas, incluyendo amenazas de desaparecerlos o matarlos

Por Gloria Reza

(apro).- A pesar de que en las manifestaciones del jue­ves 4 al sábado 6 en Guadala­jara hubo más de un centenar de detenciones arbitrarias por parte de la policía ministerial, en especial el viernes 5, sólo se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) 14 denun­cias contra la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esta dependencia la en­cabeza Gerardo Solís, quien como procurador tiene más de 5 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y 31 observaciones de la Co­misión Nacional de los Dere­chos Humanos (CNDH), las cuales fueron ignoradas.

Semanas después de las manifestaciones para pedir justicia por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, la escasa propor­ción de denuncias se debe al temor de muchas de las víc­timas, reconoce el titular de la FECC, Gerardo de la Cruz Tovar.

Este semanario obtu­vo testimonios de personas detenidas ilegalmente por agentes de la FGE cerca de sus instalaciones. Coinciden en que, tras arrestarlos sin motivo, policías vestidos de civil los llevaron a la depen­dencia, donde robaron sus pertenencias, los agredieron físicamente y los sometieron a torturas psicológicas, inclu­yendo amenazas de desapare­cerlos o matarlos.

Torturados, enjaulados, robados

Una de las víctimas –a quien llamaremos Laura– na­rró que iba con cinco personas, dos de ellas mujeres que llevaban cartulinas con con­signas. A unas cuadras de la sede de la FGE alrededor de seis policías empujaron vio­lentamente al grupo contra una valla.

Ella preguntó por qué los detenían y la respuesta fue: “Cierra el hocico o te partimos la madre”. Tras decirles que se les acusaba de vandalismo y de revoltosos, con golpes y jalones los subieron a una camioneta roja sin logotipos oficiales. Lau­ra gritó para que los transeúntes se percataran de la detención ar­bitraria, pero los policías la gol­pearon a ella y a sus compañe­ros y les advirtieron que debían quedarse agachados.

Incluso unos agentes se sen­taron sobre una de las mujeres, que lloraba, tendida en la caja de la camioneta. Las agresiones físicas y verbales siguieron du­rante el trayecto a la FGE.

La declarante confirma otros testimonios al señalar que los metieron a las instalaciones policiacas por la puerta trasera y los concentraron en un patio. Se estima que era un centenar de detenidos, en su mayoría jóvenes. A todos los despojaron de sus pertenen­cias, incluidos los teléfonos celulares, algunos de los cua­les supuestamente fueron en­viados al área de inteligencia. Después los policías pusieron a los detenidos contra la pared y se burlaban de ellos. E in­sultaban y golpeaban a quien intentara voltear a verlos.

Laura quiso dialogar con los policías, que “por alboro­tadora” la metieron a una jau­la colocada en el mismo pa­tio, donde había entre 15 y 20 personas, entre ellas algunos menores de edad. Una mujer armada con algo parecido a un “fémur de caballo” siguió golpeando e insultando a los encerrados en la jaula.

Transcurridos unos 40 mi­nutos desde su detención, les avisaron que los iban a liberar, pero “si nos volvían a ver, ya no la íbamos a contar”. Tuvie­ron que salir de la jaula con la cabeza agachada, pues si mi­raban a alguno de los policías “nos iban a dar una putiza”.

Un estudiante de la Uni­versidad de Guadalajara, que pidió el anonimato, señala que los ministeriales: “Nos dejaron muy en claro que eso nos estaba pasando por me­ternos con el gobernador… Constantemente nos repetían que nos iban a desaparecer y que nuestros familiares nunca nos iban a encontrar”.

A la luz del día

María González, coordi­nadora del Área de Defen­sa de Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (Imdec), y Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), consideran que en la investigación y reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 4 y el 6 de junio en Guadalajara deben participar instancias nacio­nales e internacionales, como la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, la Comisión Intera­mericana de Derechos Huma­nos, Amnistía Internacional y periodistas.

Las representantes de Ce­pad e Imdec atestiguaron que el jueves 4 se detuvo arbitra­riamente a 28 jóvenes (seis menores de edad, dos muje­res y 20 hombres), así como a cuatro periodistas. El viernes 5 se percataron de que hubo más de 60 “levantones” y desapariciones forzadas, ade­más de 11 arrestos ilegales y agresiones a tres reporteros. Además denunciaron seis detenciones arbitrarias el sá­bado 6 y documentaron dos agresiones contra medios por parte de las policías estatal y de Guadalajara.

María González detalla que fueron testigos de que la auto­ridad estatal no aplicó proto­colos adecuados para manejar sin violencia las movilizacio­nes, por lo que se cometieron detenciones ilegales y tortura. Señala que el viernes 5 la Po­licía Ministerial dio muestra de por qué ocupa el primer lugar en desapariciones y el tercer lugar en feminicidios, al haber levantado a jóvenes a plena luz del día y en presen­cia de medios, con monitoreo de defensores de derechos hu­manos y con las redes sociales activadas.

Para ella, los argumentos que usó Alfaro para justificar la desaparición forzada y la violencia hacia los jóvenes “son muy peligrosos”. Re­cuerda que el primer día de las manifestaciones culpó al gobierno federal y a gente “de fuera”, luego aseveró que los policías ministeriales recibie­ron órdenes del crimen orga­nizado. Posteriormente presu­mió que con su actuación “se evitó otro Ayotzinapa”. A su vez, Denisse Montiel lamenta que el gobernador no reco­nozca su responsabilidad y se la achaque a terceros.

El miércoles 10 la Fiscalía General de la República atra­jo la carpeta de investigación que se abrió el viernes 5 por los abusos que cometieron po­licías estatales contra los ma­nifestantes.

La FECC se hará cargo de la otra carpeta de investiga­ción que se abrió ese mismo día contra dos policías minis­teriales. Los dos únicos seña­lados hasta el momento son Salvador Perea Rodríguez y Raúl Gómez Mireles, quienes ya fueron vinculados a pro­ceso y como medida cautelar se les dictó prisión preventiva por tres meses.

De acuerdo con el primer visitador de la CEHDJ, Eduar­do Sosa Márquez, con base en los primeros testimonios reca­bados se estableció que en el operativo participaron al me­nos 100 elementos de diferen­tes corporaciones del estado y municipales.