Pero las de los presidentes municipales permanecen bajo investigación, aclaran
Por Gloria Reza M.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que la orden de embargo no debe afectar las operaciones en las que los alcaldes firman en calidad de apoderados legales de los municipios que gobiernan, sino sólo sus cuentas personales/Foto: Tomada de Twitter @SNietoCastillo
Junio 16, Ciudad de México (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desbloqueó las cuentas bancarias de los ayuntamientos jaliscienses Autlán de Navarro, El Grullo e Ixtlahuacán de los Membrillos, cuyos alcaldes están presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la UIF, las cuentas bancarias que continúan bajo embargo son las que pertenecen de forma directa a los presidentes municipales que están bajo investigación desde el pasado martes 2, fecha en la que se anunció el congelamiento de mil 929 cuentas ligadas presuntamente al grupo delictivo que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”.
El desbloqueo de las cuentas bancarias de las tres alcaldías jaliscienses se dio tras una aclaración de la UIF, en el sentido de que la orden de embargo no debe afectar las operaciones en las que los alcaldes firman en calidad de apoderados legales de los municipios que gobiernan, sino sólo sus cuentas personales.
De esta manera, señalaron autoridades federales, se garantiza el pago de la nómina en los municipios de Autlán, Ixtlahuacán y El Grullo en el estado de Jalisco, con el fin de permitir que los ayuntamientos continúen operando de manera normal y sin que se afecte el pago a los trabajadores.
El pasado martes 2 la UIF informó que, en acuerdo con autoridades de Estados Unidos de América, fueron bloqueadas mil 929 cuentas bancarias, presuntamente vinculadas al CJNG y a operaciones de lavado de dinero.
Denominada “Agave Azul”, la operación bloqueó las cuentas de mil 770 personas, 167 empresas y dos fideicomisos supuestamente ligados a ese grupo delictivo, de acuerdo con investigaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del propio gobierno estadunidense.
