Detalla la CEDHJ caos en derechos humanos en Jalisco

También se recomendó a los ayuntamientos y al Poder Legislativo modificar el acuerdo donde el gobernador implementaba las estrictas condiciones de uso de cubrebocas

Por Gloria Reza M.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un informe especial sobre las detenciones arbitrarias que derivaron en arrestos, multas, amonestaciones y hasta la muerte de un joven, tras implementarse las medidas sanitarias durante la pandemia por COVID-19 en la entidad/Foto: Twitter

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un informe especial sobre las detenciones arbitrarias que derivaron en arrestos, multas, amonestaciones y hasta la muerte de un joven, tras implementarse las medidas sanitarias durante la pandemia por COVID-19 en la entidad/Foto: Twitter

(apro).- La Comisión Estatal de Dere­chos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un informe especial sobre las detencio­nes arbitrarias que derivaron en arrestos, multas, amones­taciones y hasta la muerte de un joven, tras implementarse las medidas sanitarias duran­te la pandemia por COVID- 19 en la entidad.

Detalló que del 11 de marzo al 31 de mayo, ante la CEDHJ se presentaron 246 quejas, (una de ellas fue co­lectiva y está integrada por 214 denunciantes). El 89% de ellas fue por “el probable ejercicio indebido de la fun­ción pública”.

Mientras que el resto de las quejas se relacionaron con las “restricciones derivadas de la aplicación de medidas contra la contingencia”. Una de ellas fue contra el ayun­tamiento de Tapalpa, por la afectación al libre tránsito, puesto que a una persona le impidieron el paso, ya que no traía consigo un comprobante de domicilio.

La CEDHJ también do­cumentó 237 arrestos en los diferentes municipios de Ja­lisco. Cañadas de Obregón presenta la mayor ocurrencia con 44 personas detenidas, se­guido del municipio de Ame­ca con 30. En Mezquitic se realizaron cinco arrestos por desacato, mientras que en To­totlán se realizaron 3 arrestos por falta administrativa.

En la conclusión de su in­forme especial, el organismo expresó que “la falta de capa­citación al personal de segu­ridad pública genera la vio­lación constante de derechos humanos; por ello, las depen­dencias del gobierno estatal y los ayuntamientos deben asumir su obligación legal de proporcionar capacitación constante a sus servidores públicos, particularmente a quienes tienen la responsabi­lidad de garantizar la seguri­dad ciudadana”.

Las medidas obligatorias de Enrique Alfaro

El pasado 19 de abril, el gobernador de Jalisco, En­rique Alfaro anunció que a partir del día siguiente ha­bría varias medidas sanitarias obligatorias, entre otras el aislamiento físico y el uso de cubrebocas.

En la primera semana, del 20 al 26 de abril, San Pedro Tlaquepaque concentró el ma­yor número de detenidos, con 68, por no acatar las medidas sanitarias y agredir de forma verbal a la autoridad. Para el 12 de mayo ya sumaban 412 personas arrestadas en la zona metropolitana.

Entre los casos emble­máticos documentados hasta ahora por la Comisión se en­cuentran la detención en Tala de un chofer que sólo iba de paso; de un director de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, y la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, del cual ya se emitió un informe especial y se concluyó que se trató de una ejecución extrajudicial.

Para evitar que los poli­cías sigan violentando dere­chos humanos, el organismo propone dar capacitación a los elementos, y condiciones labores dignas, para que “su única preocupación sea la de cumplir adecuadamente con su obligación de salvaguardar la seguridad de la población jalisciense”.

También piden a los tres poderes, y a los 125 munici­pios de la entidad revisar, y en su caso enmendar el acuerdo del 19 de abril del gobernador, “a fin de que las medidas que se dicten no contravengan el marco de respeto a los dere­chos humanos previsto en la Constitución, los tratados in­ternacionales y la legislación estatal”.

En los casos en que hubo abuso de autoridad, los comi­sarios deben iniciar un proce­dimiento de investigación por la vía administrativa y penal, para deslindar responsabili­dades, y sancionar a los pre­suntos responsables y proce­der a reparar el daño integral de las víctimas.