Inconstitucional, que niegue derechos de comerciantes, tiangueros y ambulantes: Ceoscijal

En caso de no haber respuesta favorable para que el próximo lunes puedan regresar a trabajar, acudirían al juicio de amparo

Por Rafael Hernández Guízar

Waldo Getsemaní Ibarra, coordinador del Consejo Estatal de Organismos de la Sociedad Civil Jalisco (Ceoscijal), destacó que el decreto emitido por Enrique Alfaro es inconstitucional, ya que no tiene atribuciones para suspender las garantías individuales de las personas, en este caso el derecho al trabajo; por esto, la CEDHJ dictó medidas cautelares al mandatario/Foto: Francisco Tapia

Waldo Getsemaní Ibarra, coordinador del Consejo Estatal de Organismos de la Sociedad Civil Jalisco (Ceoscijal), destacó que el decreto emitido por Enrique Alfaro es inconstitucional, ya que no tiene atribuciones para suspender las garantías individuales de las personas, en este caso el derecho al trabajo; por esto, la CEDHJ dictó medidas cautelares al mandatario/Foto: Francisco Tapia

Comerciantes estableci­dos, tiangueros y ambulantes anunciaron que consiguieron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) les permita regresar a trabajar incluso en los tian­guis a partir del lunes.

Waldo Getsemaní Ibarra, coordinador legislativo del Consejo Estatal de Organis­mos de la Sociedad Civil Ja­lisco (Ceoscijal), destacó que el gobierno del estado fue emplazado y debe cumplir en tres días con la protección a sus negocios.

Dijo que el decreto emiti­do por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez es inconstitu­cional, ya que el mandatario jalisciense no cuenta con las atribuciones constitucionales para suspender las garantías individuales de las personas.

En este sentido, recordó que sólo es el gobierno de la república con la aprobación del Congreso en caso de ur­gencia como puede permitirse un acto como tal.

Indicó también que la de­terminación de Enrique Alfa­ro para que dejaran de traba­jar los negocios considerados como no esenciales, es decir aquellos que no son necesa­rios para el funcionamiento de la sociedad –indispensa­blemente– no sólo violentó la Constitución mexicana, al ir en contra de los derechos humanos de los comerciantes, sino también los tratados in­ternacionales.

Se trata de una violación al tratado firmado por el gobier­no mexicano ratificado por el Senado con la Organiza­ción Internacional del Traba­jo (OIT), mediante el que se garantizan los derechos de las personas para poder laborar, así como la protección por parte del Estado.

Por ello, resaltó que la CEDHJ dictó medidas cau­telares que obligarían al go­bierno del estado para que garanticen el regreso a las actividades incluso para los tiangueros, teniendo la admi­nistración de Enrique Alfaro un plazo de sólo tres días que se vencen hoy viernes para dar su contestación.

Aclaró que en caso de no haber respuesta favorable para que el próximo lunes puedan regresar a trabajar, acudirían al juicio de amparo, instrumento por el cual espe­ran que la actividad comercial se establezca de forma inme­diata para todos, pues se dije­ron en contra de las restriccio­nes dictadas por el gobierno estatal en el programa para la reactivación económica.