Por donde se vean, las pruebas rápidas son su negociazo

Anunció que gastaría 47.1 millones de pesos en 12 mil pruebas rápidas de coronavirus, pero ayer dijeron que aumentarían a 20 mil test; sin embargo, el Laboratorio de Salud Pública y el sistema RADAR apenas han aplicado poco más de 8 mil

Hace menos de un mes, el gobernador Enrique Alfaro –junto con Ricardo Villanueva, rector de la UdeG– presumió que aplicarían 500 pruebas al día durante un mes, para detectar o en su caso descartar más casos. Sin embargo, aplican por debajo de 400, en tanto que se anuncia que habrá más inversión en pruebas rápidas/Foto: Benjamín Flores/Proceso

Hace menos de un mes, el gobernador Enrique Alfaro –junto con Ricardo Villanueva, rector de la UdeG– presumió que aplicarían 500 pruebas al día durante un mes, para detectar o en su caso descartar más casos. Sin embargo, aplican por debajo de 400, en tanto que se anuncia que habrá más inversión en pruebas rápidas/Foto: Benjamín Flores/Proceso

(apro). – Las cifras sobre las pruebas apli­cadas de PCR para detectar contagiados de covid-19, así como las del dinero invertido por el gobierno de Jalisco, a cargo del emecista Enrique Alfaro, no cuadran.

Primero se anunció que gastarían 47.1 millones de pesos en 12 mil pruebas, pero ayer se anunció que se aumentaría a 20 mil test, se­gún informó la Coordinadora General Estratégica de Desa­rrollo Social, Anna Bárbara Casillas.

Con esto, la inversión au­mentaría a 78.2 millones de pesos en pruebas que cuestan al estado 3 mil 931 pesos cada una, tres veces más que en un laboratorio privado.

El pasado 14 de abril, el gobernador Enrique Alfaro, en compañía del rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, informaron que mediante el Sistema Radar Jalisco harían 500 pruebas diarias durante un mes para encontrar a in­fectados de coronavirus. Esto representaría 15 mil pruebas, que costarían 58 millones 965 mil pesos.

Sin embargo, dijeron en ese mismo evento que inverti­rían 47.1 millones de pesos en 12 mil pruebas que, según sus cifras, alcanzarían sólo para 24 días, no un mes.

El lunes, Bárbara Casillas detalló que el promedio de aplicación en este momento no rebasa las 400 por día.

El 10 de mayo, en un bo­letín, la Secretaría de Salud (SSJ) informó que el Labora­torio Estatal de Salud Pública y el Sistema RADAR Jalisco han aplicado en la entidad más de 10 mil pruebas PCR, pero Bárbara Casillas mencionó que apenas llevan 8 mil 265.

En caso de que se aplica­ran las 20 mil pruebas, el go­bierno de Jalisco y la UdeG erogarían 78 millones 260 mil pesos, esto es 66% más de lo anunciado.

Hasta el momento la casa de estudios ha aplicado 5 mil pruebas en sus tres laborato­rios certificados, detalló Bár­bara Casillas.

Aceptan donativo de Lomelí

Luego de que el empresario farmacéutico Carlos Lomelí Bolaños anunció que donaría 5 mil pruebas rápidas para de­tectar pacientes con COVID-19 al gobierno del estado y a la UdeG, el mandatario estatal reveló que llamó a su ex con­trincante por la gubernatura para agradecerle, así como lo ha hecho con otras personas que han aportado durante la pandemia.

El ex superdelgado de Ja­lisco entregó un escrito al go­bernador en que pone 3 mil pruebas a disposición de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), y el resto para la UdeG, las cuales cumplen con el aval de la FDA (Agencia Federal en la Administración y Medi­camentos).

Las pruebas rápidas no se han podido aplicar en la enti­dad debido a que el gobierno federal no ha permitido su importación, según se quejó en varias ocasiones Enrique Alfaro.

El mandatario estatal dijo que antes de hacer uso de las pruebas donadas por Lome­lí deberá corroborarse que cuenten con el aval de autori­dades internacionales.

“Por supuesto que nos son útiles, lo que yo sigo sin en­tender es por qué el gobierno federal no permite la impor­tación de esas pruebas, ese es el debate”.

Prosiguió: “hoy el punto más delicado que hay en la agenda de pendientes con el gobierno federal es el quitar las trabas para la importación de pruebas rápidas, ya ni si­quiera para que las compre el gobierno, sino para que los privados tengan una manera de monitorear a sus trabaja­dores, a través de estas prue­bas rápidas”.