Ni siquiera publicó declaratoria de emergencia para justificar compras directas: JC Ruiz

El gobernador abusó de sus funciones al permitir que se gastaran millones de pesos de más en kits de detección y en monitores de signos vitales, entre otros insumos médicos

Por Gloria Reza M.

El gobernador Enrique Alfaro no puede argumentar que se hicieron adjudicaciones directas por una emergencia sanitaria, puesto que en el periódico oficial de Jalisco no se publicó nada del tema, sólo se informó hasta el 24 de marzo sobre el Plan Jalisco COVID-19; por esto las compras que hizo no son justificables, lo que constituye un delito y un abuso de autoridad que debe ser investigado, tronó Jorge Carlos Ruiz, el contralor ciudadano independiente/Foto: Miguel Dimayuga

El gobernador Enrique Alfaro no puede argumentar que se hicieron adjudicaciones directas por una emergencia sanitaria, puesto que en el periódico oficial de Jalisco no se publicó nada del tema, sólo se informó hasta el 24 de marzo sobre el Plan Jalisco COVID-19; por esto las compras que hizo no son justificables, lo que constituye un delito y un abuso de autoridad que debe ser investigado, tronó Jorge Carlos Ruiz, el contralor ciudadano independiente/Foto: Miguel Dimayuga

(apro).- So pretexto para prepararse ante la pandemia por COVID-19, el gobierno de Jalisco autorizó el 18 y 24 de marzo adjudicaciones directas a proveedores que ofrecieron su producto a so­breprecio; a la vez, llama la atención que resultaron fa­vorecidas tres empresas que cuentan con los mismos so­cios o apoderados legales.

El contralor ciudadano, Jorge Carlos Ruiz, considera que la única manera en que el mandatario Enrique Alfaro podría justificar las compras a sobreprecio y de forma di­recta, es haber publicado en el periódico oficial una de­claratoria de emergencia por COVID-19, pero como no lo hizo, “es un delito, y un abu­so de autoridad”.

En el portal que habilitó el gobierno del estado para informar sobre los gastos ge­nerados en esta contingencia, que hasta el momento ascien­den a más de 3 mil millones de pesos, se abrió el apartado “ejercicio del gasto”.

En ese espacio, en cada una de las compras, se infor­ma que “derivado de la estra­tegia para la preparación ante la pandemia del COVID-19”, todas se asignaron de forma directa.

Una de ellas fue por 23 millones 489 mil 130 pesos, a Intermet, S.A. de C.V., para la compra de 8 mil 265 kits de detección de COVID-19. Esto representa que cada kit tenga un costo de 2 mil 842 pesos. Sin embargo, este me­dio solicitó el 4 de mayo una cotización a una empresa en Guanajuato, que ofreció cada kit en 520 pesos.

Esto significa que el esta­do compró cinco veces más caro cada kit a Intermet. Esta compañía, en julio de 2019, fue impugnada por otra de nombre GAP, luego de que la Secretaría de Salud le asignó contratos presuntamente de forma irregular.

Otra compra a sobreprecio se dio en la adquisición de 75 monitores de signos vitales con pantalla de 15 pulgadas táctil. La empresa adjudica­da es Sanabria Corporativo Médico, que ofreció cada uno en 259 mil 287 pesos, cuan­do Catálogo Médico ofrece un producto similar en 99 mil 583 pesos.

Si el gobierno de Enrique Alfaro hubiera elegido com­prarle a este último proveedor habría gastado 7 millones 468 mil 725 pesos, en lugar de 19 millones 446 mil 530. Esto implicó un sobreprecio de casi 12 millones de pesos.

Tres diferentes empresas, los mismos dueños

Las empresas ESK Me­dical, S. de R.L. de C.V.; Material Hospitalario de Oc­cidente, S. de R.L. de C.V., y Marlex HC, S. de R.L. de C.V. resultaron favorecidas con seis asignaciones direc­tas en Jalisco que ascienden a casi 14 millones de pesos.

Llama la atención que las tres están relacionadas entre sí, al contar con los mismos socios y apoderados legales, según reflejan actas constitu­tivas.

En ESK Medical son so­cias Laura Adriana y Karla Andrea, ambas de apellidos Escamilla Sánchez. Según el folio mercantil electrónico N-2019053493, la empresa se constituyó el 23 de no­viembre de 2018.

A ESK le asignaron de forma directa dos compras, que suman 449 mil pesos. Una fue por la compra de 3 mil gafas de seguridad en 365 mil 400 pesos, y otra por termómetros digitales y de toma de temperatura sin contacto.

Marlex HC se creó el 12 de agosto de 2015, sus accio­nistas son Gabriel Escamilla Zenteno y Karla Andrea Es­camilla Sánchez, entre los apoderados aparece Laura Adriana Escamilla. Marlex HC comparte el mismo do­micilio que ESK Medical: Periférico Poniente 4360.

A Marlex HC le adjudi­caron tres compras direc­tas: 350 mil cubrebocas, a un costo de 3 millones 45 mil pesos; 28 mil 200 litros de gel antibacterial y 65 mil 830 litros de jabón antibac­terial, en 3 millones 899 mil 137 pesos; y gel antibacte­rial –no se especifica la can­tidad– en 3 millones 828 mil pesos.

En Material Hospitala­rio de Occidente los socios son Irma Angélica Escami­lla Sánchez y Omar Antonio Zambrano Naranjo. Mientras que, en esa misma empresa, Gabriel Escamilla y Laura Adriana Escamilla son apo­derados. A la vez, el primero aparece como administrador general y la segunda como “gerente especial”.

A Material Hospitalario le compraron 10 mil trajes Tyvek, por la cantidad de 2 millones 737 mil 600 pesos.

Contralor Ciudadano

Jorge Carlos Ruiz, el con­tralor ciudadano, señaló que no son justificables las com­pras a sobreprecio por parte del gobierno del estado, “es un delito, y un abuso de au­toridad”.

Además, recalcó que el gobernador Enrique Alfaro no puede argumentar que se hi­cieron adjudicaciones directas por una emergencia sanitaria, puesto que en el periódico ofi­cial de Jalisco no se publicó nada del tema, sólo se infor­mó el día 24 de marzo, sobre el Plan Jalisco COVID-19.

“Si el gobernador del esta­do (Enrique Alfaro) no publicó en el diario (la declaratoria de emergencia por COVID-19), todas estas compras a sobre­precio y adjudicaciones direc­tas tienen una falta, y tendrá la responsabilidad la Contraloría del estado y la Fiscalía Anti­corrupción de revisar todo esto, es una obligación que debió llegar”, apuntó.

Refirió que la Secretaría de Salud federal publicó por orden de la Presidencia, en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria, en la cual se esta­bleció que se deben respetar los derechos humanos. Esto implica el manejo correcto de los recursos públicos.

Recordó que el año pasado se hicieron compras a sobre­precio en insecticida so pre­texto para abatir el dengue, pero se denunció la irregula­ridad porque nunca se declaró una emergencia o contingen­cia como tal.