Por Jordi Oriola Folch
La respuesta española al proceso independentista catalán no ha sido política, ni democrática, ni de diálogo, ha sido una respuesta violenta e impositiva, pero esta vez, dado que España forma parte de la UE, no han podido utilizar la violencia militar porque España no quería mostrar esa cara en Europa, entonces han utilizado la violencia policial y, sobre todo, la judicial. Al estado se le permite el monopolio de la fuerza (cualquier otro que ejerza la fuerza es considerado como un delincuente o terrorista), pero el pacto estipula que esta violencia estatal se ejerza regida por valores democráticos, con proporcionalidad, neutralidad y justicia. La cúpula judicial ha ejercido con los catalanes con un propósito injustificable: la venganza. La “tortura judicial” para escarmentar a los catalanes por haberse atrevido a cuestionar la unidad de su España.
Y en esa voluntad de escarmiento, los dos grandes partidos que se intercambian el poder desde que acabó la dictadura (el PP de ultraderecha y el PSOE de derecha socialdemócrata) coincidieron en aplicar el artículo 155 que suprimía el gobierno catalán hasta que lo consideraran, y estuvieron de acuerdo en traspasar a la justicia la gestión del problema político. Y han aplaudido que la justicia se aplicara obscenamente en favor del nacionalismo español y contra los independentistas catalanes.
El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral de 2023, aseguró que aplicaría mano dura contra los independentistas catalanes, rechazó la posibilidad de una amnistía y aseguró que traería a España al presidente catalán Puigdemont, exiliado en Bélgica, para que pasara cuentas ante la justicia. Pero la aritmética parlamentaria hizo que Sánchez necesitara los votos de los independentistas catalanes para formar gobierno. Entonces, Sánchez giró su discurso 180 grados y aceptó la ley de amnistía que le exigía Puigdemont, en cuyo preámbulo se reconocía el conflicto político con Catalunya y se aceptaba implícitamente que se había utilizado la justicia para combatir una ideología política legítima, el independentismo catalán, y que por eso hacía falta anular todas las causas judiciales contra ellos.
Esto supuso una grieta en el monolítico bloque españolista del PP y PSOE, y a partir de entonces el nacionalismo castellano también ha considerado Sánchez como enemigo de España. Por eso ahora tenemos a la policía y la judicatura analizando prospectivamente (lo cual es ilegal) toda la actividad política del PSOE para descubrir cualquier delito y están encontrando casos de corrupción por doquier (Abalos, Cerdán, Koldo, Leire, la mujer de Sánchez, hermano de Sánchez…). Hasta el punto que el antiguo presidente Aznar pidió públicamente que: quien pudiera hacer algo (contra la amnistía), lo hiciera. Y salieron iniciativas de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo, y de otros tribunales menores, para entorpecer la ley de amnistía y no aplicarla. Incluso, una asociación conservadora de jueces elaboró un manual para boicotear la ley y lo enviaron a 5.000 jueces a través del correo electrónico del Consejo General del Poder Judicial). Una de las estrategias fue elevar preguntas a la Justicia de la UE sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho de la UE. Así, como mínimo, dilataban la aplicación de la ley debido a la lentitud de la justicia.
Y llegó el día, el 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), desde Luxemburgo, dictó dos sentencias cruciales en respuesta a las cuestiones que le habían planteado . Las sentencias avalan la ley de amnistía, permiten amnistiar a las personas que habían sido acusadas de terrorismo, todavía hoy sin pruebas inculpatorias, y van aún más allá de lo que les habían pedido, cerrando la puerta a más dilaciones e incumplimientos y dando dos meses para anular las causas.
Y estas primeras semanas ya se han visto obligados a empezar a amnistiar a personas que llevaban nueve años pendientes de la justicia. Veremos qué hacen en los casos más complicados para el nacionalismo castellano, como el de Puigdemont, pero tienen poco margen para contradecir al TJUE.
Las sentencias han causado conmoción porque desautorizan por completo la estrategia de la justicia española de perseguir, condenar y alargar los procesos judiciales con voluntad vengativa. Estas sentencias ya se podían intuir en uno de los primeros casos, en 2018, ante la justicia alemana, en la que España pedía que se extraditara a Puigdemont, a lo que la Audiencia de Slesvig-Holstein respondió que lo ocurrido en Cataluña no era delito en la UE. Y es que se han ido ganando todos los casos en: Bélgica 2018, Alemania 2018, Bélgica 2021 caso Lluís Puig, Italia 2021, sentencia del TJUE sobre las prejudiciales 2023, anulación por parte del TJUE de la retirada de la inmunidad 2026 y ahora el aval del TJUE a la Ley de Amnistía 2026.
Es una victoria enorme del independentismo catalán que ha demostrado, en Europa, que la postura española y su ofensiva judicial no tienen cabida dentro de la UE y constituyen, al mismo tiempo, una prueba más de que Catalunya necesita constituirse en un estado propio para defenderse del nacionalismo castellano.
Además, el 2023 el TJUE ya emitió una sentencia donde definió, en relación a esta persecución, el término GOIP (Grupo Objetivamente Identificable de Personas) que permite que los catalanes justifiquen ante otros países que reciben un trato penal discriminatorio en España por el hecho de tener estas ideas políticas.
De todas formas, esta ley de amnistía también ha suscitado desconfianzas y oposición en sectores independentistas, porque se temía que pudiera darse a entender que situaba el conflicto Cataluña-España en términos de igualdad, cuando no es así porque Cataluña no agredió a España y sí pasó al revés, y también se podía entender que los catalanes tenemos voluntad de reconciliación y de pacificación, cuando en realidad no queremos esconder el conflicto sino que sirva para hacer aflorar la violència sistemática y encubierta que sufrimos por parte de España. Y en parte porque la anulación de las causas hace que la UE y los organismos que velan por los Derechos Humanos vean que la situación de vulneración de derechos ha terminado y ya no haya incentivos para presionar a España, y en realidad, toda esta gente que ha estado pendientes de procesos judiciales interminables, ya han sufrido mucho aunque ahora les anulen las causas.
Está claro que la ley de amnistía no es ideal porque lo que sería justo, en realidad, sería condenar a los jueces prevaricadores que han utilizado la justicia con fines políticos. Pero en una situación en la que los jueces han actuado con total impunidad contra nosotros, que la justicia europea los desautorice, es una victoria sin paliativos. Y, además, ha roto la armonía dentro del bloque nacionalista castellano enfrentando a muerte a PP y PSOE, lo que está desestabilizando la política española y, el debilitamiento del estado opresor, podría favorecer la posibilidad de la liberación de los catalanes. Y en definitiva, en el nuevo embate, que tendrá lugar tarde o temprano, España no podrá blandir la misma espada y deberá contenerse ante unos socios europeos y una justicia europea que ya le ha visto la forma de hacer.
