En el Congreso del Estado
Por Rafael Hernández Guízar
El sistema de apoyos y salvaguardas busca que de la mano de un tercero, la persona con discapacidad pueda ser consultada en todo momento para cualquier determinación futura, con la supervisión de la Procuraduría Social/Foto: Cortesía
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El partido Morena en Jalisco solicitó la derogación del estado de interdicción del Código Civil de Jalisco.
El diputado local Alejandro Barragán Sánchez destacó que tiene que hacerse un análisis en donde se pueda velar en todo momento por la dignidad humana, la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad, proponiendo así que la figura del estado de interdicción desaparezca del Código Civil de Jalisco, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado al respecto optando por un esquema denominado “apoyos y salvaguardas”.
Alejandro Barragán indicó que, a través de una mesa de trabajo entablada especialmente para analizar las iniciativas vigentes en la materia, se buscará tener contacto directo con la sociedad civil, personas con discapacidad, académicos e instituciones para elaborar una relatoría donde se tengan observaciones y propuestas que sirvan como un instrumento técnico para el proceso legislativo.
Esto es consecuencia de una propuesta que presentó el diputado en febrero del 2026 para armonizar el código Civil del Estado de Jalisco con lo dispuesto por la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la organización de las Naciones Unidas, donde se opta por un sistema de apoyos y salvaguardas respecto de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, con la intención de apoyar en todo momento la toma de decisiones de las personas por sí mismas.
Anteriormente, cuando una persona tenía alguna discapacidad cognitiva o alguna limitación física que le impidiera tener libertad en su capacidad de decisión y acción, se realizaba un procedimiento de estado de interdicción en donde un juez le daba la facultad a una tercera persona para figurar como tutor quien tenía la capacidad de tomar decisiones respecto a los bienes de alguien discapacitado; ahora, el apego a la protección de los Derechos Humanos, el sistema de apoyos y salvaguardas busca que de la mano de un tercero, la persona con discapacidad pueda ser consultada en todo momento para cualquier determinación futura, con la supervisión de la Procuraduría Social del estado.
