Presuntas Irregularidades en Contratación de Maquinaria Pesada
Señalan Regidor y Diputado Adjudicación Directa en Contrato por Casi 60 mdp
Por Rafael Hernández Guízar
La contratación fue realizada bajo el argumento de urgencia operativa, todo ello sin que existan elementos que acrediten dicha condición, según el diputado local del Partido Verde y ex morenista, Alberto Alfaro/Foto: Francisco Tapia y cortesía
Por presuntos actos de corrupción, fue denunciada la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.
Se trata de una querella presentada por el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex morenista, Alberto Alfaro García, quien realizó dicho procedimiento en coordinación con el regidor de su mismo partido por el municipio, Eduardo Ramírez, ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación de maquinaria pesada por parte del ayuntamiento tlaquepaquense.
Ayer en rueda de prensa, ambos funcionarios señalaron que dicha denuncia se presentó en contra de diversos servidores públicos municipales por presuntos delitos relacionados con el abuso de autoridad y el uso ilícito de atribuciones y facultades, todo esto derivado de una adjudicación directa en un contrato por casi 60 millones de pesos, dinero que supuestamente se invirtió en la renta de maquinaria pesada y vehículos.
El diputado resaltó que, de acuerdo con la documentación presentada ante la Fiscalía, la contratación que realizó el ayuntamiento habría sido realizada bajo un argumento de supuesta urgencia operativa, todo ello sin que existan elementos que acrediten dicha condición.
En publicaciones anteriores, Página 24 Jalisco había informado respecto a dicho asunto en donde Alberto Alfaro se había pronunciado en contra de esta adjudicación directa, toda vez que dentro de la renta del equipo, se incluyó la renta de camiones recolectores de basura; en aquel momento Alberto Alfaro había señalado que San Pedro Tlaquepaque tenía uno de los mejores sistemas de recolección de basura de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y que era imposible que hubiese una urgencia operativa para el arrendamiento de nuevos camiones.
Además, había acusado previamente que estas operaciones se realizaron con una empresa que no se dedica específicamente al alquiler y venta de vehículos.
Ayer el diputado exmorenista indicó que el presupuesto de San Pedro Tlaquepaque contemplaba una cantidad bastante menor para este tipo de gastos -no preciso la cantidad- y que, al momento, las arcas municipales han pagado ya 41 millones de pesos por la señalada operación.
Resaltó que solicitó también a la Fiscalía Anticorrupción que se requiera la intervención de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado para que se dé seguimiento al destino del dinero y dar así con los involucrados en la contratación, previamente había señalado que incluso estarían tratando de que se investigue no solo a los funcionarios municipales sino también a sus allegados y familiares cercanos para determinar si hubo prestanombres implicados.
Por su parte, el regidor Eduardo Ramírez dijo que la información revisada respecto al contrato presenta observaciones relacionadas con los procedimientos de adquisición y supervisión administrativa, al tiempo que indicó que la denuncia presentada ante la Fiscalía fue también por diversos señalamientos promovidos ante instancias de control interno municipal relacionados con adjudicaciones directas realizadas por el ayuntamiento.
El par de políticos aprovechó la rueda de prensa para decir -sin ser dirigentes del partido- que el Verde Ecologista de México irá solo a las próximas elecciones locales en Jalisco del 2027, es decir, que no formarán parte de coalición alguna, por lo cual sin importar que en las elecciones pasadas hayan ido de la mano con Morena -partido que gobierna San Pedro Tlaquepaque-, seguirán con acciones de fiscalización y rendición de cuentas respecto al ejercicio en los recursos públicos y cualquier posible acto indebido que se cometa desde la función pública.
