También Proponen Iniciativa en Materia Penal
Por Rafael Hernández Guízar
La legisladora Brenda Carrera García presentó las dos iniciativas con el objetivo de fortalecer la justicia, garantizar el respeto a los derechos fundamentales y colocar en el centro a las personas más vulnerables/Foto: Francisco Tapia
Que se fortalezca el debido proceso en materia penal y en la protección de niñas, niños y adolescentes, propuso ayer la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García.
La legisladora exmorenista presentó ambas iniciativas al Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar mecanismos obligatorios de registro audiovisual en actos iniciales sensibles del proceso, tales como la presentación de las denuncias -cuando sean por comparecencia-, las entrevistas iniciales y evaluaciones psicológicas periciales, cuando estos elementos sean utilizados para solicitar medidas cautelares, ejercer acción penal en contra de alguien, o incluir en una vinculación a proceso.
Carrera García dijo que esta iniciativa fortalecería la transparencia, verificación de información y el debido proceso tras considerar que las decisiones judiciales pueden impactar seriamente en la libertad, el patrimonio y la vida de las personas.
Y es que, de esta manera, todas las partes que influyen en el proceso penal tendrían datos y medios de prueba que les permitirían robustecer sus estrategias, así como garantizar el cumplimiento al debido proceso, algo que incluso es regulado no solo por la constitución mexicana sino también por la convención interamericana de los Derechos Humanos, según la exmorenista.
Dichos actos contarían con un registro de audio y video, y de acuerdo con la diputada, incluso se podría llegar a la creación de un mecanismo de control judicial temprano que le permita a la defensa impugnar las pruebas periciales psicológicas sin correlación verificable con el relato inicial, de esta manera se reducirían los errores y habría más confianza en la impartición y procuración de justicia.
La segunda iniciativa se centra en la protección de niñas, niños y adolescentes que enfrentan afectaciones derivadas de conflictos familiares, particularmente en casos de deudores alimentarios morosos; la propuesta plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco para reconocer el derecho de las y los menores a viajar al extranjero con la autorización del progenitor que tenga la guarda y custodia, cuando el otro progenitor haya sido declarado deudor alimentario moroso.
Con esta medida se busca evitar que la patria potestad sea utilizada como mecanismo de presión o control entre personas adultas, y garantizar que las decisiones se tomen bajo el principio del interés superior de la niñez, privilegiando su desarrollo integral, acceso a oportunidades educativas, culturales, familiares y recreativas.
Ambas propuestas fueron presentadas como parte de una agenda legislativa orientada a fortalecer la transparencia institucional, el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos de la infancia en Jalisco.
Buscan dar más Herramientas Jurídicas a la CEDHJ
El diputado morenista Alejandro Barragán propuso la reforma a la Ley de Derechos Humanos, para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) cuente con mayores herramientas técnicas jurídicas, así como para que haya más calidad en el servicio que brindan en dicha defensoría.
La emisión de recomendaciones por violaciones a los derechos de las personas por parte de la comisión deriva en la presentación de quejas o investigaciones iniciadas de oficio y constituye probablemente la atribución de mayor impacto, de ahí la necesidad de que haya mejores y más herramientas para la realización de dichas averiguaciones.
“La solidez técnica de las recomendaciones se convierte en un elemento central para su legitimidad e impacto colectivo, pues de ello depende su capacidad de incidir en la conducta de las autoridades, así como las personas servidores públicas para generar condiciones reales para la protección de los Derechos Humanos”, dijo.
“Se propone la incorporación de una serie de apartados, que si bien configuran una estructura formal, tienen como propósito orientar la construcción de la recomendación como un instrumento efectivo en su comprensión, implementación y seguimiento. Se propone incorporar elementos como el resumen ejecutivo, la versión de lectura fácil, el análisis del contexto del caso y de los hechos, la fundamentación y motivación de los derechos humanos violados a la luz del derecho internacional y del marco jurídico nacional y local aplicable”.
El diputado resaltó que las recomendaciones que emita la CEDHJ serían más robustas y estarían encaminadas a una verdadera reparación del daño para las víctimas, así como la garantía de no repetición para las autoridades señaladas como responsables.
“La estructura de esta iniciativa no constituye una mera formalidad sino un modelo metodológico integral que articula los elementos necesarios para la elaboración de recomendaciones sólidas, claras, accesibles y eficientes”, finalizó. Rafael Hernández Guízar/Página 24
