Señalan Simulación
Afectados Aseguran que no Fueron Notificados de Presunta Demanda Laboral
Por Rafael Hernández Guízar
Teresa Mora Fregoso y su familia, desde el pasado 8 de octubre del año 2025 fueron expulsados de su casa en una diligencia
violatoria del debido proceso, supuestamente ejecutada por una junta especial de la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje de Jalisco/Foto: Cortesía
Complicidad entre la Junta de Conciliación y un sindicato de albañiles, para apropiarse de predios violando el debido proceso, fue denunciado por una ciudadana. Se trata de Teresa Mora Fregoso, una mujer que desde el pasado 8 de octubre del año 2025 fue expulsada de su casa en una diligencia violatoria del debido proceso, supuestamente ejecutada por una junta especial de la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, en respuesta a una demanda interpuesta por un sindicato de albañiles que afirmaba que no se la había pagado.
Con el uso de la fuerza pública fue sacada de su hogar de forma violenta, y no se le dio notificación alguna, incluso acusó que se valieron de la policía municipal de Zapopan para amedrentarla a ella y a su esposo en su propio domicilio, y de esta forma sin explicarles ni de qué procedimiento se trataba, ni tampoco cuál era la autoridad que estaba al mando de dicha diligencia, la dejaron afuera junto con todos sus hijos.
Con lágrimas en los ojos indicó que se trató de algo aberrante que no fue sino hasta días después que pudo saber el origen de todo, una presunta serie de delitos que se cometieron por parte del sindicato de albañiles en comparsa con particulares y funcionarios públicos de la décimo quinta junta especial laboral del estado de Jalisco, la cual ha realizado cinco procedimientos más con particulares para supuestamente despojarlos también de sus viviendas y terrenos, dentro y fuera de Jalisco, aseguró Mora Fregoso.
Lo anterior fue confirmado y atendido por parte de las autoridades tras un procedimiento judicial instaurado por parte de esta ciudadana, quien exige al gobierno de Jalisco que tome parte en el asunto, para investigar y sancionar a quienes resulten responsables.
Indicó la urgencia también de que se le repare el daño cometido, pues adujo que podría haber vínculos entre los supuestos responsables y una célula de la delincuencia organizada que, por sigilo en las investigaciones y protección de esta ciudadana, no pueden ser reveladas ni los números de expedientes.
La problemática ha sido tal, que ha representado un gasto enorme de recursos económicos y un desgaste emocional tremendo para ella y su familia, ya que por 11 años ha sido la propietaria de una vivienda que a toda costa intentaron quitársela de forma ilegal, pues nunca contrató a los supuestos albañiles y mucho menos tuvo tratos con el sindicato, pero no solo esto, nunca fue llamada a juicio alguno, y el día de la supuesta diligencia desconocía el motivo de la misma así como al funcionario que supuestamente se encargaba de la ejecución.
Lo anterior, constituye una serie de elementos suficientes para que la Fiscalía estatal realice una investigación en torno a un posible delito cometido en coordinación de funcionarios y particulares en su perjuicio, pero además, para que desde la comisión de víctimas se le haga una reparación integral del daño lo que supondría no solo la reintegración de su domicilio sino también, el pago por el concepto del daño ocasionado que se desprendió de la comisión del ilícito.
