Incrementan Penas
Tres a Ocho Años de Prisión al Agente del MP, de la Policía Investigadora o de las Policías Preventivas que, al Practicar una Detención, Incurra en Actos de Intimidación o Busque Obtener un Beneficio Indebido
Por Rafael Hernández Guízar
En sesión plenaria, el Legislativo aprobó el decreto para la reforma que dará paso a la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión/Foto: Cortesía
El Congreso del Estado aprobó el decreto para la reforma que dará paso a la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Se trata de una ley aprobada por el Congreso de La Unión que se replicó en todos los congresos estatales para que se realizaran las reformas en los códigos penales y demás ordenamientos con la intención de que exista una normativa estandarizada en todo el país en contra de dichos delitos, teniendo incluso adhesión en la Constitución Mexicana.
Dicho decreto droga los artículos 189 y 189 bis del código penal de Jalisco, y adiciona el artículo 193 bis, mediante esto se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión al agente del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o de las policías preventivas que, al practicar una detención, incurra en actos de intimidación o busque obtener un beneficio indebido.
Asimismo, habrá destitución de inhabilitación para los funcionarios que incurran en dicho delito y una multa que va de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), y trasciende que, si se demuestra violencia en la detención, las penas aumentarán de uno a tres años de prisión.
Igualmente se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la de la Fiscalía estatal, y la ley del Sistema de Seguridad Pública para fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en torno a las investigaciones del delito de extorsión.
Habrá Nuevas Magistradas
En otro orden de ideas, los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco aprobaron ayer por unanimidad dos acuerdos con carácter de dictamen mediante los que se propuso la lista de personas que serán candidatas elegibles para la elección de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En el primer dictamen, se contempla una vacante generada por el retiro voluntario de la magistrada María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, la que resulte ganadora en dicha elección ejercerá el cargo hasta el 31 de agosto del 2027, para dar paso a la elección de magistrados por la vía del voto, en concordancia con la pasada elección judicial federal.
En el segundo de los dictámenes, la magistratura corresponde a la que quedó vacía tras la no ratificación del magistrado Daniel Espinoza expresidente del Supremo Tribunal de Justicia.
