IMDEC: Suman 10 Homicidios en la Administración de Lemus
Exige Crear una Fiscalía Especializada en Delitos Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
Por Rafael Hernández Guízar
Durante conferencia de prensa denominada, Justicia por Azquetlán, en la FIL Guadalajara, autoridades comunitarias y organizaciones sociales exigieron esclarecer los asesinatos de defensores en Jalisco y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad/Foto: Francisco Tapia y cortesía
Activistas exigieron al gobierno estatal y al federal justicia por los homicidios y desapariciones de luchadores sociales de Jalisco.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en lo que va de la administración estatal de Pablo Lemus Navarro en Jalisco, han sido asesinados 10 luchadores sociales, Defensores de Derechos Humanos que no han tenido justicia ni una adecuada integración de una carpeta de investigación para llegar al esclarecimiento de la verdad histórica.
Se trata de Alejandro Gobel, defensor ambiental asesinado en noviembre del año pasado; Juan Pablo Alonso Estrada, defensor por la paz comunitaria, asesinado el pasado mes de marzo; Teresa González Murillo, integrante de las madres buscadoras de personas desaparecidas, quién fue asesinada el pasado mes de abril; María del Carmen Morales, integrante también de las madres buscadoras asesinada igualmente en abril pasado; Jaime Daniel Ramírez Morales, asesinado también el pasado mes de abril e integrante de los buscadores de desaparecidos.
Igualmente se reportó el caso de Karina Ruiz Ocampo, defensora de los derechos del agua, quién fue asesinada el pasado mes de mayo; Katia Daniela Medina Rafael, defensora de los derechos de la comunidad LGBT, asesinada en agosto pasado. Judith Alvarado Rodríguez, defensora de los derechos del agua, asesinada en agosto del 2025; Candido Essau Román Pérez y Marcos Aguilar Rojas, ambos defensores de los derechos de comunidades indígenas y del territorio, los dos asesinados el pasado mes de noviembre.
“Todos los casos se mantienen en impunidad y a ninguno se le ha juzgado desde los riesgos de su labor y en el reconocimiento como persona defensora de Derechos Humanos”, sentencia el comunicado oficial emitido por IMDEC.
Por ello se exigió también que la Fiscalía del Estado tenga una fiscalía especializada para la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, al igual que sucede con la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante conferencia de prensa denominada, Justicia por Azquetlán, en la FIL Guadalajara, autoridades comunitarias y organizaciones sociales exigieron esclarecer los asesinatos de defensores en Jalisco y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad. Hicieron un pronunciamiento especial para el caso que se vive en la comunidad indígena autónoma Wixarica y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán, ubicada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, misma que cuenta con un título virreinal que data de 1773, en el que se le otorgaron 94 mil 400 hectáreas, de las que solo están exigiendo 39 mil, pero que, a recientes fechas, se les ha tratado de despojar por parte del Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), según se señala, entre otras cosas por la minería ilegal de hierro y otros metales que abundan en aquel territorio.
Quedó de manifiesto también que hay amenazas constantes en contra de varios de los pobladores, y que todo aquel que se decide a tomar la batuta para defender a la comunidad, es asesinado, desaparecido o simplemente amedrentado para que desista.
