En un nuevo llamado a la justicia social desde el Congreso del Estado de Jalisco, la diputada Yussara Elizabeth Canales González presentó una iniciativa de acuerdo legislativo que expone con crudeza las fallas estructurales del transporte público en la entidad, particularmente en lo que respecta al derecho a la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
La legisladora del Partido Verde recordó que el derecho a la movilidad está reconocido en la Constitución como un derecho humano que debe ejercerse en condiciones de seguridad, eficiencia y, sobre todo, accesibilidad. Sin embargo, denunció que esto dista mucho de cumplirse en el día a día de miles de personas usuarias del Tren Ligero y el Macrobús en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Destacó que, según datos del INEGI, solo en febrero de 2025 se registraron más de 26 millones de usuarios del transporte público en la metrópoli tapatía, de los cuales la mitad utilizó el tren eléctrico. De ellos, un importante porcentaje enfrenta barreras para subir o bajar escaleras, ya sea por limitaciones físicas, edad avanzada o por cargar carriolas.
Agregó que en Jalisco, más de 475 mil personas tienen dificultades para caminar o subir escaleras, mientras que más de un millón son adultos mayores.
“Las escaleras eléctricas y elevadores en muchas estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero simplemente no funcionan. Es una situación inadmisible que lleva años y que margina sistemáticamente a quienes más necesitan del transporte accesible”, expresó Canales.
La iniciativa exige que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) repare y habilite de forma inmediata tanto las escaleras eléctricas como los elevadores en todas las estaciones de los sistemas Mi Tren y Mi Macro. “No es un lujo. Es un derecho. Es inaceptable que en una ciudad que se presume como hub tecnológico, ni siquiera se garantice algo tan básico como la accesibilidad para todos sus ciudadanos”, remató.
“Desde abril de 2023 nos prometieron que en mayo estarían en funcionamiento todos los equipos. Estamos en mayo de 2025 y no solo no se ha resuelto: el problema se ha agravado”, sentenció Canales.
La propuesta legislativa fue aprobada por unanimidad, la diputada enfatizó que no se trata de una demanda más: “Esto es por dignidad, por derechos humanos y por sentido común. Si el SITEUR no puede garantizar lo básico, entonces es momento de replantear su funcionamiento”.
