“Falta que Notifique a la SICT”
“Se Lavan las Manos”, Critica Representante de los Comuneros, Saúl Rodríguez Barajas
Por Rafael Hernández Guízar
“No se tiene ningún avance, estamos en la misma situación, venimos el mes pasado aquí (Oficinas de la SICT en Jalisco) para ver qué había de nuevo y dicen que hay un término de seis meses para ordenar el pago, pero la sentencia dice que se pague”, destacó Saúl Rodríguez, el presidente de la comunidad de Mezquitán/Foto: Francisco Tapia
Otra vez los integrantes de la comunidad indígena de Mezquitán se quedaron sin respuesta del gobierno federal para que se les indemnice por la expropiación de sus tierras, ocurrida en el año 2004.
Saúl Rodríguez Barajas, el presidente de la comunidad, destacó que no hay intenciones claras del gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de la República, para el pago que les deben de hacer por los terrenos que les fueron expropiados para la construcción de un tramo de la carretera a Saltillo.
“No se tiene ningún avance, estamos en la misma situación, venimos el mes pasado aquí (Oficinas de la SICT en Jalisco) para ver qué había de nuevo y dicen que hay un término de seis meses para ordenar el pago, pero la sentencia dice que se pague, dice que se haga el avalúo y que se pague, ellos han venido dándole largas y no se ha tenido nada”, explicó Rodríguez Barajas.
Agregó que en el Tribunal Agrario las cosas están detenidas: “Aquí se lavan las manos diciendo que no se ha ordenado nada, estamos en la misma situación, esperamos que haya noticias buenas (…) El asunto está en el Supremo Tribunal y al parecer allá está bloqueado todo, no se le da avances, falta que se notifique al Tribunal Agrario y que de ahí vengan a la Secretaría. Esperamos que vean la manera en que esto camine”.
Sin embargo, trasciende que tanto el Tribunal Unitario Agrario como la misa Secretaría ya fueron notificados de la suspensión que obtuvieron en el juzgado de distrito donde se les concedió la suspensión definitiva que obliga a la autoridad federal a pagar por las tierras, previo a que se haga un avalúo para conocer el valor real de los predios.
