“El Entorno en el que Vivimos las Mujeres es Cada día más Violento”
Legisladora de Morena Urge Establecer un Procedimiento Claro y Sustentado en la ley que Garantice la Protección de las Servidoras Públicas
Por Rafael Hernández Guízar
La diputada Marta Arizmendi indicó que datos del INEGI permiten dimensionar la magnitud de esta problemática: “A nivel nacional, seis de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y, en el caso de Jalisco, la cifra es aún mayor, alcanzando siete de cada 10”/Foto: Archivo Página 24
Marta Arizmendi, diputada de Morena en el Congreso del Estado, destacó que en Jalisco la violencia institucional ha alcanzado a las mujeres de forma grave.
La legisladora destacó que, por desgracia, los actos de violencia que cada vez son más, “se han normalizado”.
“El entorno en el que vivimos las mujeres es cada día más violento. Desafortunadamente, somos objeto de agresiones físicas y psicológicas de forma indiscriminada. Hoy resulta más sencillo imponer el silencio a las mujeres que tomar acciones para su protección; en otras palabras, la violencia de género se ha normalizado”, dijo.
Agregó que este tipo de violencia ha escalado también al sector público: “Uno de los problemas que enfrentamos en el servicio público es la violencia institucional, caracterizada por su naturaleza silenciosa y la falta de visibilización e, incluso, su minimización en ciertos ámbitos. Por ello, es fundamental legislar para prevenir y erradicar estas conductas que afectan a las funcionarias públicas, al igual que intervenir en los distintos tipos de violencia de género”.
Y agregó: “Un ejemplo clave de esta problemática ocurrió el pasado 17 de diciembre de 2024, durante una posada oficial de la Fiscalía en Puerto Vallarta. A través de un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, nos enteramos de que un subdirector de la Fiscalía Especial Regional de Puerto Vallarta agredió físicamente a una secretaria. Aunque la exposición mediática del caso derivó en el cese del funcionario, no podemos depender de que el gobernador se entere de cada agresión para que se actúe, pues la mayoría de estos casos pasan inadvertidos”.
Marta Arizmendi indicó que es necesario establecer un procedimiento claro y sustentado en la ley que garantice la protección de las servidoras públicas.
“Diversos organismos civiles han señalado la necesidad de que, además del proceso penal contra el agresor, se implementen sanciones efectivas y medidas de prevención. Es imperativo adoptar un enfoque integral que garantice un ambiente laboral seguro para todas y todos, especialmente para las mujeres. Este caso evidencia un abuso del cargo público y conductas inapropiadas dentro de la administración, lo que subraya la urgencia de reforzar los protocolos de conducta y asegurar la aplicación de la ley sin excepciones”.
La diputada indicó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), permiten dimensionar la magnitud de esta problemática: “A nivel nacional, seis de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y, en el caso de Jalisco, la cifra es aún mayor, alcanzando siete de cada 10”.
“El Estado Mexicano tiene la obligación, en todos sus niveles de gobierno, de garantizar condiciones que, por un lado, reparen de manera integral el daño a las víctimas, tanto directas como indirectas, y, por otro, eviten la repetición de estos actos violentos mediante políticas públicas efectivas y permanentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas”.
En este sentido, Marta Arizmendi indicó que es necesaria la creación de un área especial para atender los delitos que son cometidos por servidores públicos contra las mujeres: “Para garantizar la efectividad de estas medidas, propongo la creación de un Área Especializada en la Atención de la Violencia contra las Mujeres cometida por Servidores Públicos, dependiente del Órgano Interno de Control. Su principal función será analizar quejas y denuncias con perspectiva de género, identificando posibles relaciones de poder asimétricas que generen condiciones de vulnerabilidad para las víctimas”.
El procedimiento que desarrollará dicha unidad especializada, contempla la reubicación física, cambio de unidad administrativa o modificación de horario laboral, tanto para la víctima como para la persona denunciada; asimismo, permitir que la víctima continúe su labor fuera del centro de trabajo, restringir el contacto o comunicación entre la víctima y el agresor, y canalizar a la víctima a instancias que brinden apoyo psicológico, social o médico.