Crean Frente “Salvemos al Ipejal”
Por Rafael Hernández Guízar
Sindicatos se unieron a ejidatarios en el estado de Jalisco para impulsar un frente denominado Salvemos al Ipejal. Se trata de sindicatos de trabajadores en ayuntamientos y dependencias del gobierno estatal, además de jubilados, en unión con los ejidos Campo Acosta, y José María Morelos de Tomatlán, quienes exigieron que se repongan las pérdidas económicas que han tenido en el Fondo de Pensiones del Estado de Jalisco ante proyectos “fraudulentos”, así como por descuentos en las nóminas de los trabajadores que no se han utilizado para lo que se ha justificado por gobernantes en turno.
“Algunos sindicatos independientes, la Federación, ejidatarios y colectivos de ciudadanos, nos hemos sumado porque ya tenemos los elementos jurídicos para demostrar justo lo que hemos venido denunciando desde hace tiempo, que Pensiones del Estado está generando un fraude sistemático, un fraude para generarle un quebranto (a Pensiones del Estado) y que en el tema de Chalacatepec y Santacruz de la Soledad y otros desarrollos inmobiliarios, existe una base de un fraude equiparado, es decir, las escrituras que presentaron son apócrifas”, señaló Cuauhtémoc Peña Cortés, líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios.
A decir de los representantes sindicales, varios de estos problemas han descalabrado al Ipejal, pero también han generado perjuicio en contra de ejidatarios a los que se les han despojado de sus tierras, y que las mismas se han inscrito en el Registro Público de la Propiedad de manera fraudulenta, con escrituras falsas, lo que no ha sido investigado a fondo por la Fiscalía General del Estado, y que, mucho menos, ha sido promovido por el mismo Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
A esto, agregaron, en varios municipios como Tamazula de Gordiano, por citar un ejemplo, existe una gran cantidad de recursos que se les descontaron a los trabajadores, supuestamente para aportar al Ipejal, y que dicho dinero nunca fue entregado, es decir, que el Ayuntamiento se quedó con el dinero, y luego supuestamente lo invirtió en obras prioritarias para el municipio, pese a que el dinero de esas obras ya estaba presupuestado con recursos estatales y federales.
Este es solo uno de los muchos casos en donde ni el Instituto de Pensiones, ni la Fiscalía General del Estado, han tomado parte.