Acusan Extorsión y Privación Ilegal de la Libertad de una Enfermera
Gloria Ríos Asegura que fue Obligada a Firmar su Baja Acusada de Supuestamente Robar Medicamentos; Acusa a la Jefa del Departamento Jurídico del Nosocomio
Por Rafael Hernández Guízar
“Fátima Ramírez me encerró durante tres horas, donde fue víctima de la privación de mi libertad. Me obligaron a firmar mi baja”, asegura la víctima Gloria Ríos/Foto: Francisco Tapia
Un nuevo escándalo de corrupción, extorsión y privación ilegal de la libertad se denunció ayer públicamente contra el Hospital Civil de Guadalajara.
Fue el pasado 2 de abril del 2022, cuando Gloria Ríos, una enfermera asignada al departamento de Tococirugía, fue privada ilegalmente de su libertad y obligada a firmar su baja acusada de supuestamente de robar medicamentos, lo cual se llevó con un procedimiento interno anónimo, del cual nunca fue notificada, además de que le negaron cualquier tipo de defensa.
“La jefa del departamento del Jurídico del Hospital Civil de Guadalajara, Fátima R. así como otros personajes en el centro del trabajo me llevaron a firmar mi baja y aceptar un delito que no cometí, a base de amenazas me encontré encerrada en una oficina ubicada al interior del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Fátima Ramírez me encerró durante tres horas, donde fue víctima de la privación de mi libertad. Me obligaron a firmar mi baja. Pues víctima de violencia de género, violencia psicológica, me violentaron mis garantías individuales para aceptar un delito que no cometí, y después de tres horas me dijeron que sólo tenía dos opciones, firmar varios documentos o de lo contrario que los elementos de la policía de Guadalajara, que ya estaban afuera del hospital esperando la orden, me llevarían esposa directo a la penal, y que ella se encargaría de que mis fotos salieran en los periódicos y las redes sociales, no tuve apoyo legal, ni del sindicato”, aseguró la enfermera tras romper en llanto.
Y siguió; “No fui notificada de nada, firmé bajo amenazas porque es frustrante para mí, pensé en que no tenía derecho a arruinarle la vida a mis hijos y mi esposo por un delito que no cometí. Nadie deberá arrebatarnos lo más preciado que tenemos, nuestra dignidad, porque ya tenían todo armado en el Hospital Civil”.
Por su parte, Jorge Carlos Ruíz Romero, el presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, destacó que la denuncia fue presentada ante la Contraloría del Estado, advirtiendo que la enfermera contaría con el apoyo legal de parte de la organización que representa para poder defenderse ante los abusos de autoridad que cometieron en su contra.
“Cualquier cosa, cualquier situación que ponga a la compañera en algún riesgo, debemos de señalar directamente a las autoridades, decir lo que está sucediendo, esto que sucedió con ella se debe de seguir hasta las últimas consecuencias, pero además aquí hay personas que están siendo beneficiadas por los medicamentos que están sacando del hospital, y tiene que hacerse un seguimiento a esto, porque hay una gran falta de medicamentos en el país, y sabemos que son medicamentos para personas con cáncer, a las personas en cirugía, y se han cancelado muchas de las cirugías porque no hay medicamentos”, dijo Ruíz Romero.
Y es que de acuerdo con él y con personal que labora dentro del Hospital Civil, hay un enorme desabasto de medicamentos, pese a que administrativamente señala que si existen dentro del nosocomio.
“Nosotros decimos que para todo esto le dan un registro, pero también voy a ver cámaras, eso es lo que nosotros exigimos, tiene que haber las pruebas, y le tenemos que pedir tanto a la autoridad administrativa, el ministerio público que haga una investigación, además lo que vivió nuestra compañera es muy lamentable”, agregó.
Pero además, le exigieron dinero a la cesada enfermera para no ir a la cárcel, situación que fue corroborada por Gloria Ríos.
De acuerdo con lo señalado, a la enfermera la citaron en el Jardín del Santuario dos particulares que le mostraron una supuesta carpeta de investigación en su contra, y le exigieron pagar dinero en efectivo para quitar la denuncia, pero al día siguiente de que ella pagó, fue obligada a firmar su baja. No precisó la cantidad que ella tuvo que pagar.
Por cierto que, según trascendió, son 130 personas las que han pasado por una situación similar desde hace al menos cuatro años.