La Contralora Tapatía no Presenta Avances: Fernando Garza
Por Rafael Hernández Guízar
En el Ayuntamiento de Guadalajara no hay solución aparente contra la corrupción por el manejo del ambulantaje, señaló ayer regidor tapatío Fernando Garza Martínez.
De acuerdo con el regidor panista, desde el año pasado, en diversas ocasiones señaló la corrupción que impera por el manejo del ambulantaje, concretamente involucrando a la superintendencia del centro histórico de Guadalajara, pero pese a denuncias públicas y acciones en la Contraloría, no hay resultado.
“A principios de noviembre de 2023, personal de la Contraloría tapatía vino a la oficina a tomarle la declaración a comerciantes que señalaron a los implicados, sin que a la fecha se tenga respuesta y los ambulantes siguen trabajando de manera ilegal”, indicó el regidor.
Fernando Garza, de nueva cuenta, solicitó a la contralora Ciudadana de Guadalajara un informe de los resultados de la investigación que dicha dependencia lleva a cabo sobre los señalamientos de corrupción contra inspectores por permitir comercio ambulante en el centro de Guadalajara, todo esto “con la venia del superintendente”.
“Cabe recordar que en noviembre del año pasado, en mi oficina se llevaron a cabo las entrevistas con personal de su dependencia donde recabaron los testimonios de comerciantes afectados, quienes señalaron a los responsables de estos actos de corrupción, sin que a la fecha se nos haya hecho llegar avances o conclusiones de estos hechos, lo que me lleva a pensar:
¿Es por falta de personal, por miedo a las consecuencias o simplemente por omisión de los responsables de llevar a cabo esta encomienda?”, cuestionó el regidor a través de un documento dirigido a Cynthia Cantero Pacheco, la contralora tapatía.
Fernando Garza desde el año pasado tomo parte de la investigación que página 24 realizó en contra de dos presuntos explotadores de indígenas, madres solteras, y mujeres con necesidad.
Dichos presuntos explotadores, quienes según testimonios de al menos tres docenas de comerciantes disidentes de esa organización conocida como “artesanos urbanos de Guadalajara“, tendrían una supuesta ganancia de alrededor de casi medio millón de pesos mensual, luego de qué cobran ilegalmente a los artesanos por darles un espacio en la vía pública, prestarles un puesto que transgrede lo permitido por el Ayuntamiento de Guadalajara, por guardarles una mercancía determinada en una bodega, así como por cobros extraordinarios para supuestas donaciones para los necesitados, las qué por cierto nunca se realizan.
El regidor Fernando Garza fue enfático en torno a este tema, y lamento profundamente también -en el pasado- las amenazas de muerte que uno de esos presuntos defraudadores y explotadores de indígenas, madres solteras, y mujeres por necesidad, hizo a este reportero de forma directa tras revelar el escándalo de corrupción en donde recientemente se dio a conocer que presuntamente reciben apoyo de la Confederación RegionalObrera Mexicana (CROM) para operar.