El Instituto no Tiene una Ruta Para Garantizarles Procesos Electorales Seguros
Por Elizabeth Ríos Chavarría
De cara a las elecciones del 2024 y debido a que ya se han presentado algunas agresiones, militantes y simpatizantes de Morena, Hagamos, Futuro, PT y el Partido Verde solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la implementación de un protocolo de medidas, para la atención de casos de violencia política contra precandidatos y candidatos de personas de la comunidad LGBTTTIQA+.
En rueda de prensa a las afueras del IEPC, integrantes de la diversidad dieron a conocer parte del documento que entregaron, en aras de solicitar que se garanticen procesos electorales seguros y diversos para todos, sobre todo porque los partidos en Jalisco deberán ponderar también candidaturas de la comunidad.
“Ante distintos hechos de violencia y discriminación que se han dado ante distintas candidaturas, decidimos que no hay una ruta específica por parte del Instituto Electoral para garantizar que los procesos electorales sean seguros para las personas que somos parte de la población LGBTIQ+, entonces, hoy venimos a solicitar que se creen estas medidas, que generen un protocolo de seguridad”, expresó el coordinador estatal de Diversidad Sexual del partido Hagamos, Christian Dennis.
En el documento detallan que Jalisco es uno de los tres estados con mayores reportes de casos de violencia y discriminación en contra de la población de la diversidad sexual, por lo que urgen acciones por parte del IEPC, en especial porque en noviembre pasado el partido Futuro ya había pedido un protocolo en la materia y hasta el momento no se ha concretizado nada.
“El Instituto Electoral tiene las facultades legales, y el deber constitucional y convencional de emitir las medidas afirmativas necesarias para garantizar el ejercicio pleno, libre y pacífico de los derechos político electorales de la población LGBTTTIQA+”, se puede leer.
Por ello, refirieron que la exigencia de este protocolo es para que el mismo pueda garantizar la atención prioritaria de los casos de violencia política y discriminación de las precandidaturas y candidaturas de la comunidad; y que se establezca la colaboración con instituciones gubernamentales para salvaguardar la integridad y seguridad de este sector.
Además, pidieron garantizar el ejercicio del derecho al voto en su modalidad pasiva, con el establecimiento de medidas afirmativas de seguridad, atención de salud mental y de trabajo social, en caso de ser necesario, para las candidaturas y precandidaturas de esta población.