Acusan “Secuestro Judicial” de una Mujer
Algunos Señalados: Jorge Antonio Nava López, Juez Noveno de Control y Oralidad; Rafael Martínez Ramírez, secretario General del Ayuntamiento de Zapopan y Abel Martínez, Administrador de los Juzgados de Justicia y Oralidad Penal de Puente Grande
Por Rafael Hernández Guízar
Un nuevo caso de corrupción el interior del sistema de justicia de Jalisco es ventilado a la luz pública, se trata de una presunta simulación de actos desde la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Simulando una carpeta de investigación, violando los derechos humanos, liberando una orden de aprehensión sin tener competencia para conocer de un supuesto asunto que se lleva a cabo en la Ciudad de México y utilizando al Poder Judicial del estado de Jalisco, privan de la libertad, con una supuesta medida cautelar, disposición preventiva justificada, sin que exista la justificación, teniendo así en un secuestro judicial a mi representada”, explicó Rodrigo Gurza Cárdenas, abogado defensor de Manuela de León Chinchilla,, la afectada.
El asunto tiene como antecedente un señalamiento realizado por el apoderado legal de unas gaseras en contra de la señora De León Chinchilla, quien presuntamente tuvo conocimiento de diversas irregularidades cometidas por otro particular de nombre Francisco V.
Según dijo Gurza Cárdenas, en represalia, el señor Francisco V. se acercó con otros particulares y un grupo de abogados de renombre, procediendo a crear una supuesta carpeta de investigación, falseando datos, simulación de pruebas, utilizando al Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Entre los señalados ante la Fiscalía aparecen; Jorge Antonio Nava López, juez noveno de control y oralidad; Rafael Martínez Ramírez, secretario general del ayuntamiento de Zapopan; Carlos Arias Madrid, ex integrante del Consejo de la Judicatura, Daniel Isaías Salas Ornelas, Abel Martínez, administrador de los juzgados de justicia y oralidad penal de Puente Grande.
Al respecto, el presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, se pronunció a favor de que quien señale irregularidades en los procedimientos judiciales realizados por los jueces, debe comprobarlo.
“Son temas que si es así, es grave, yo les digo, yo les puedo afirmar que no, yo no recibo llamadas de nadie para sugerirme de un asunto o para decir como lo resuelve, esa es autonomía e independencia de los jueces. Ese tema siempre lo voy a defender, sucede que hay resoluciones, sentencias, determinaciones que a veces no son cómodas para las partes y lo más fácil es, cuestionar y tachar, corrupción, injusticia e inseguridad, pero tengan la certeza que, si logran demostrar eso, en el poder judicial tendremos que actuar, una vez que fiscalía judicialice las causas”, dijo.
Y agregó: “Si se integró una carpeta de investigación entonces intervino Fiscalía, habría que ver si el ministerio público dio cuenta a su superior o al fiscal, para saber quiénes intervinieron de Fiscalía, la Fiscalía viene y hace una petición, cómo fueron las pruebas, hay abogados que arman carpetas con testigos falsos, con documentos falsos, y entonces dependerá de las partes lograr justificar, que son testigos o documentos o pruebas falsas o armadas, con las que tuvieron una decisión jurisdiccional; y eso es grave, sí y es sancionado por la Ley, a través de un fraude procesal”.
Por el momento la situación fue denunciada públicamente, pero a decir de los agraviados, la esperanza es que el asunto sea revisado específicamente por el área de visitaduría del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y así se deslinden responsabilidades en caso de que hayan incurrido en faltas jueces, así como otros trabajadores del poder judicial.