Acusaron al Gobernador Enrique Alfaro de Apoyar el Despojo de la Compañía
Acusan Complicidad o Contubernio de Autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Hijos de socios a quienes les quitaron sus derechos en la empresa lechera Sello Rojo aseguran que en Jalisco no se ha hecho justicia ni se ha dado seguimiento al tema, a pesar de que han ganado algunos recursos, por lo anterior solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir en el caso; acusaron al gobernador Enrique Alfaro de apoyar el “despojo” de la compañía.
Ayer en rueda de prensa, que dieron en Ciudad de México, los hijos de José Luis González Sánchez -socio fundador de Sello Rojo- recordaron que en 2019 los hermanos Abraham y Rubén González Uyeda (actuales administradores) llevaron a cabo una serie de acciones en detrimento de sus padres para despojarlos de la empresa. Todo esto, lamentaron, en complicidad o contubernio de autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Reiteraron que todas estas acciones cometidas se han traducido en varios delitos como fraude, lavado de dinero, evasión de impuestos y hasta crimen organizado por involucrar a funcionarios para que se les beneficie, por lo que clamaron por ayuda de López Obrador, a fin de que la Fiscalía General de la República y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, atraigan la carpeta de investigación.
“Solicitamos respetuosamente para que ejerzan su facultad de atracción de todas las carpetas de investigación que en el estado de Jalisco están relacionadas con este caso de Sello Rojo, para evitar la manipulación y el influyentismo de Abraham y de Rubén”, expresaron.
Lamentaron que un tema privado se haya pasado a lo político, pues señalaron que la influencia o cercanía de los hermanos con el gobernador Enrique Alfaro y su círculo cercano, como magistrados, jueces, consejeros, notarios y agentes del ministerio público, ha suscitado graves daños no solo en el patrimonio de sus padres, sino en la propia empresa.
En este sentido, aseguraron que sus padres no han recibido utilidades por casi ocho años, que en la administración de Abraham y Rubén se ha generado una pérdida de mil 300 millones de pesos y opacidad en la información, que ha habido muchos despidos y están en riesgo 4 mil empleos más, que ha habido problemas con ganaderos a quienes no se les paga, y que en general existen diversos problemas o violación de derechos laborales en las plantas de Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí y Tamaulipas.
“Somos víctimas por doble partida, de nuestros primos y de un estado de Jalisco en donde el Ejecutivo y el Judicial juegan en contra nuestra una y otra vez. Si no existiera este manoseo no estaríamos aquí, sino haciendo nuestra chamba de defendernos ante los tribunales. El problema es que es imposible, porque hemos obtenido victorias en los procesos judiciales pero cuando las obtenemos el estado remueve jueces, amenaza, cambian de juzgados, alteran documentos y no procede ninguna averiguación. Siempre tenemos al estado respaldando las acciones que nosotros consideramos ilegales de parte de nuestros primos”