54 Organizaciones Exigen Aprobar Reformas
La Criminalización del Aborto Constituye un Acto de Violencia y Discriminación, Destacan
Por Elizabeth Ríos Chavarría
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Debido al desdén de diputados locales para despenalizar el aborto, a pesar de que ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversas organizaciones de la sociedad civil, redes académicas, colectivos y otras agrupaciones exigieron al Congreso de Jalisco destrabar las iniciativas ya presentadas en la materia.
Acompañadas por diputadas de Hagamos y Futuro, activistas representantes de las 54 organizaciones que se sumaron al pronunciamiento recordaron que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación, por lo cual pidieron también al gobierno estatal trabajar a fin de que ninguna mujer sea sancionada por interrumpir su embarazo.
Patricia Ortega, de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, recordó que Futuro y Hagamos presentaron en 2021 reformas en la materia, por lo que urgió a diputados a descongelarlas en aras de que Jalisco se sume a los otros estados en donde ya no se penaliza el aborto.
“La interrupción del embarazo de forma segura no puede limitarse a los casos en los que la integridad física se encuentra comprometida, o cuando el embarazo sea producto de una violación, sino también cuando la continuación del embarazo resulte incompatible con el proyecto de vida de las mujeres. Los derechos humanos no se penalizan, se respetan, promueven, garantizan y ejercen”, indicó Ortega.
Al gobierno del estado, añadió, le exigen que coordine y desarrolle una política pública en materia de interrupción del embarazo desde un enfoque de género, en aras de que estos servicios se garanticen a todas las personas gestantes de manera segura y sobre todo gratuita. También, le solicitaron estrategias de capacitación y sensibilización a profesionales de la salud para garantizar la no criminalización.
Además, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) le pidieron se pronuncie sobre la garantía y protección de los derechos de las personas gestantes, médicos, comadronas, parteros y personal del sistema de salud, así como por la importancia de que las autoridades acaten y cumplan lo establecido por la Suprema Corte quien, el 6 de septiembre pasado, determinó inconstitucional la criminalización del aborto en el país.
“Las anteriores exigencias deberán trabajarse de la mano de instituciones de salud a nivel local, revisando su integración, estructura física, humana, ética y presupuestal, así como de la mano de instituciones educativas, públicas y privadas, dado el papel tan relevante que estas asumen como formadoras de profesionistas desde las ciencias de la salud, y el papel tan relevante que asumirán en la práctica y asistencia de abortos”, añadió Patricia Ortega. En este sentido, y organizado por integrantes de Hagamos, después del pronunciamiento de activistas, en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo un foro sobre el tema, en el que participaron diversas expertas y feministas.