Cartas a Página 24

Por Jordi Oriola Folch

El 11 de septiembre es el Día Nacional de Catalu­ña y se hace una manifesta­ción para conmemorar que en 1714 Cataluña perdió, a sangre y fuego, su libertad y se convirtió en un territo­rio, sin derechos, conquis­tado por Castilla. Y, espe­cialmente desde 2010, ya con cierta democracia, al comprobar que, dentro de España, no hay forma de vivir como Cataluña desea, la movilización se convirtió en una gran reivindicación por la independencia de Cataluña. Durante 13 años, hemos sido el movimiento político que más gente ha congregado en las calles de toda Europa. Este año en Barcelona, unas 800,000 personas exigimos la inde­pendencia de Cataluña.

Y simultáneamente, la coyuntura histórica hace que el presidente interino de España, Pedro Sánchez, para ser investido presi­dente del país, necesita los votos de Junts, el partido del 130º Presidente de Ca­taluña, Carles Puigdemont, que se tuvo que exiliar en Bélgica porque ha sido per­seguido desde que se cele­bró el referéndum de au­todeterminación de 2017. Pero Puigdemont no ha resistido en el exilio para, ahora que lo necesitan, ac­ceder a un pacto de inves­tidura. En lugar de eso, el 5 de septiembre, dio una conferencia en Bruselas, con periodistas de 64 países, donde planteó la necesidad de un acuerdo histórico para resolver democráticamente el conflicto entre Cataluña y España. Afirmó que no había condiciones para la negociación, pero que el go­bierno español debería pro­porcionar unos mínimos re­quisitos previos para poder comenzar la negociación: Reconocer la legitimidad del movimiento indepen­dentista catalán, dejar de perseguir este movimiento pacífico como si fuera una amenaza terrorista, aprobar una amnistía para todos los represaliados (aproximada­mente 1.500) y permitir un mediador (neutral, es decir, internacional) para monito­rear las negociaciones.

Parece que Sánchez po­dría aceptar una amnistía para las víctimas catala­nas represaliadas y para los agentes de policía agresores, con la justificación de aban­donar la represión y poder cerrar el conflicto. Pero el conflicto no terminará con el fin de su represión, sino que será necesario abordar la raíz del conflicto: que el pueblo catalán tiene dere­cho a ejercer la autodeter­minación. En realidad, la verdadera justificación (que no se quiere aceptar) es que se debería amnistiar porque ha habido una acción frau­dulenta de la Justicia contra los independentistas y hay que anular los efectos de es­tos daños.

Pero Sánchez lo tendrá difícil para que la sociedad española acepte la amnis­tía a los miembros de este movimiento después de ha­ber hecho una construcción mediática que los tildaba de “golpistas”, “delincuentes”, “terroristas”, “racistas”… Pero la verdadera motiva­ción oculta de la amnistía es limpiar el expediente jurídi­co de España antes de que se emita la sentencia de la Corte de Justicia de la UE se prevé demoledora para España.

Es por eso que en la ma­nifestación nadie reclamó la amnistía, ni ningún pacto de investidura de Sánchez, sino que el grito unánime fue por la independencia. Y esta es la demanda de Puigdemont: se necesitan cuatro condi­ciones previas, pero la ne­gociación debe ser sobre la autodeterminación. Y Sán­chez se resiste por completo a entrar en este debate con la excusa de que la Consti­tución no lo permite (lo cual es falso). Pide ser invertido, pero no quiere dar nada que sea central para el naciona­lismo español. Entonces, si Sánchez no se erige como un verdadero estadista que sabe cómo llevar a España a una negociación en la que renuncian al uso de la fuer­za violenta y solo cuenta la fuerza de la democracia, creo que nos dirigimos ha­cia las sextas elecciones en ocho años (normalmente hubieran tocado dos) y una desestabilización de España como no se ha visto hasta ahora.